Los remates de tierras en el siglo XVIII

  Durante el siglo XVIII y por diversas razones que iban desde la preocupación general de la corona española - en ese momento bajo la dinastía borbónica- por el saneamiento de títulos de propiedad hasta la disponibilidad de los terrenos que habían pertenecido a los expulsados jesuitas, fueron comunes los remates de tierras en las provincias de Cuyo.

Los documentos conservados en diversos archivos (previa transcripción paleográfica e interpretación histórica) permiten conocer las circunstancias y los mecanismos de estos remates que siempre seguían un procedimiento y una fórmula fija. A la decisión de las autoridades de sacar a venta y remate una propiedad seguía la mensura y tasación del bien y la publicación por pregón de la oferta y de las posturas que hacían los interesados, para concluir con el remate mismo que podía realizarse en la ciudad originaria o en la capital de la gobernación, es decir en Santiago de Chile. Los pregones los daba un pregonero, que era un oficio cumplido por un negro o un indio, y los realizaba siguiendo fórmulas verbales fijas y características.

Uno de los ejemplos de remates de tierras cuyanas fue el realizado en la ciudad de San Juan en 1740 como resultado del reclamo que hizo el prior del convento de San Agustín, fray Ambrosio Bara, por una deuda que el capitán Marcos de Ugas tenía con dicho convento. La negación de este último a saldar la deuda reclamada por los agustinos hizo que el encargado de la justicia local teniente de corregidor por Pedro Fernández de Castro, como juez de la causa, decidiera sacar a remate una viña del deudor. Para eso hizo pregonar "por voz de Vicente negro que hizo oficio de pregonero" la viña y tierras del capitán Marcos de Ugas diciendo: "tres blancas (moneda de plata de vellón) dan por el pedazo de viña y tierra del capitán Marcos de Ugas que se vende por orden de la real justicia, hay quien puje, hay quien dé más, que se ha de rematar en quien más diere". En total se dieron seis pregones en la plaza pública de San Juan durante seis días hábiles corridos sin que se presentase postor. Luego, tras distintas apelaciones realizadas por Ugas no se llegó a efectivizar el remate.

Sí, en cambio, tuvo trámite completo el remate de la estancia de Guanacache, de propiedad de los jesuitas, realizado después de su expulsión. En febrero de 1772 la Junta de Temporalidades de San Juan (integrada por el general Tadeo de la Roza y Oro como presidente, el cura y vicario doctor Simón Tadeo de Lima y Melo como juez eclesiástico y el maestre de campo Pedro Pablo de Quiroga como juez diputado) dispuso que los bienes raíces que habían pertenecido a la Compañía de Jesús, ya mensurados, y tasados, fueran "vendidos en público remate y para ello se fijen carteles declarando la hacienda que se pregona y haciendo saber se remata de contado o al fiado bajo de seguros competentes la estancia nombrada de Guanacachi con los ranchos, corrales y demás ganados mayores y menores y que el precio de su tasación es la de dos mil trescientos treinta y nueve pesos".

Durante veintinueve días se hicieron los pregones mandados y después se realizó el remate en la puerta de calle de la casa del presidente de la Junta de Temporalidades. Allí, "en concurso de muchas personas mandaron a Francisco Javier negro que hizo oficio de pregonero, trajese en venta y público remate la estancia". El mismo día 4 de julio don Pedro Sarmiento ofreció 1.000 pesos; la postura fue mejorada cinco días después por don Toribio Santibáñez quien ofreció 1.100 pesos. Ambos vecinos siguieron ofertando durante varios días hasta que el último días, "de puja en puja” se llegó a la cantidad de 2.050 pesos al fiado ofrecida por don Pedro Sarmiento “dando como fianza sus haciendas y demás bienes y la misma estancia y pagar el rédito anual del 5 %".

Al no haber mejora en las ofertas los jueces mancaron entonces “apercibir de remate" y el pregonero dijo: "y pues no hay quien puje, ni quien dé más, apercibo de remate a la una, a las dos, a la tercera, qué buena, qué buena, qué buena pro le haga...". Seguidamente don Pedro Sarmiento efectivizó su oferta poniendo como garantía sus bienes que consistían en "las casas de su morada que están en parte notoria" de la ciudad de San Juan con su mobiliario, 26 cuadras de tierra (unas 39 hectáreas) con una viña nueva de 9.000 plantas y otros retazos de viña y una tropa de 250 mulas. Al año siguiente las autoridades centrales confirmaron la legitimidad de la venta.

En tanto en la ciudad de Mendoza a fines del año 1751 Pedro de Castro elevó una petición al juez comisionado de mensuras por las tierras baldías de Jocolí, distantes a 9 leguas de la ciudad. En la petición alegaba que estas tierras pertenecían a la corona por estar baldías y sin dueño y que él mismo las usufructuaba desde hacía dos años con ganado, por lo cual solicitaba se hiciese mensura y tasación de las mismas a fin de poder comprarlas y pedir el título definitivo al Juez Privativo de Tierras y Baldíos residente en Santiago de Chile.

El representante de dicho Juez en Mendoza, el capitán Miguel Chacón, erigido en juez agrimensor, realizó la mensura certificando que las tierras solicitadas y sus vecinas no tenían dueño; las tierras de Jocolí, ubicadas al este del camino de carretas que unía las ciudades de Mendoza y San Juan, midieron 36 cuadras de este a oeste y otras 36 cuadras de norte a sur y totalizaban 1.296 cuadras (aproximadamente 1.944 ha). Luego los capitanes Antonio Guevara y Clemente Justiniano las tasaron en medio real (un real equivalía a una octava parte de peso de plata corriente) cada cuadra "por el motivo de ser lo más de terreno árido y sin aplicación ninguna" salvo una pequeña vega que originaba un corto arroyo.

Una vez giradas las actuaciones para su aprobación en Chile, el Juez Privativo de Tierras y Baldíos no dio lugar a la venta en forma directa y determinó que las tierras fueran pregonadas para su remate y volvieran los autos  con mención de los posibles postores a ellas. Así el 17 de febrero de 1752 en la plaza pública de la ciudad de Mendoza "se dio el primer pregón por voz de Manuel negro que hizo oficio de pregonero” Pedro Castro, el interesado, ofreció "un cuartillo” (una cuarta parte de real) por cuadra, Joseph de Puebla hizo postura por medio real por cuadra, Antonio Puebla subió la oferta a un real por cuadra y luego Francisco de Videla y Aguiar hizo la oferta de un real y medio por cuadra. Se dieron en total veintinueve pregones y no hubieron otras posturas.

Vueltos los autos a Santiago de Chile el fiscal de la Real Audiencia dictaminó que el precio ofrecido era muy bajo y que las posturas no llegaban a la décima parte del valor de las tierras pero que sin embargo las tierras podían sacarse a remate en esa ciudad. Como mandaba la ley se colocaron carteles en las esquinas de la plaza mayor de Santiago avisando del remate y citando a los opositores para el 14 de marzo. El remate se realizó ese día en la puerta de la Real Audiencia frente a la plaza mayor. El Juez Privativo de Tierras y Baldíos mandó "a Juan Garrido indio que hace oficio de pregonero que pregonase la última postura", es decir la de un real y medio por cuadra. A continuación Joseph Antonio Passos ofreció “un real y tres cuartillos a pagar en tres meses con afianzamiento de su valor" y después Joseph Correa de Saa “hizo mejora ofreciendo dos reales por cada cuadra de contado". Se siguió la puja entre ambos interesados hasta que llegado el mediodía Correa de Saa ofreció tres reales de contado por cuadra, lo que hizo que Passos se retirara de la oferta.

El Juez mandó entonces al pregonero " apercibiese de remate y con efecto rematase" dichas tierras y el pregonero lo hizo diciendo que daban tres reales de contado por cuadra y "pues que no hay quien de mas, a la una, a las dos, a la tercera, qué buena, qué buena, que buena pro le haga a dicho don Joseph Correa de Saa". A continuación este último aceptó el remate y "declaró con juramento y solemnidad necesaria” que compraba esas tierras con dinero y por encargo de Francisco de Videla y Aguiar, vecino de Mendoza, quien había hecho la postura más alta cuando se dieron los pregones en esa ciudad. El título definitivo de propiedad de las tierras de Jocolí se dio a Francisco de Videla y Aguiar el 20 de marzo de 1753.

Fuentes:
* Archivo de La Dirección de Geodesia y Catastro de San Juan.
* Archivo Nacional de Chile; Fondo Capitanía General.


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Los remates de tierras en el siglo XVIII. Ilustración: Miguel Camporro
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