Historia de San Juan
Nazario Benavides y la consolidación del poder legislativo en San Juan
Fue el hombre que más años gobernó san juan. Conocido como “el caudillo manso” su labor de gobierno no ha sido suficientemente difundida por los historiadores. En este ensayo se aborda sus aportes a la consolidación del poder legislativo.
José Nazario Benavides es el caudillo sanjuanino de más significación política y militar de la región en la época rosista. Designado gobernador por la Sala de Representantes, de acuerdo a la ley electoral vigente en 1836, se dio a la tarea de ordenar administrativamente la provincia, dedicando especial cuidado al funcionamiento del Poder Legislativo, haciendo que alcanzara – después de tres lustros de existencia - regularidad en sus funciones y un perfil definido como Poder del Estado.
Vale recordar que la provincia de San Juan había obtenido el carácter de autónoma en 1820 como el resto de las integrantes de la vieja intendencia de Cuyo. El Poder Ejecutivo era ejercido por un gobernador que reunía en sí las funciones político-administrativas y el mando militar. Los restantes poderes del Estado fueron surgiendo en forma acompasada. El 5 de junio del mismo año, día de la elección de José Antonio Sánchez como nuevo gobernador, sostiene Damián Hudson, en sus Recuerdos Históricos sobre la Provincia de Cuyo que el Dr. Salvador María Del Carril pidió la palabra para exponer los motivos que lo indujeron a promover un cabildo abierto convencido que las grandes dificultades que tenían las autoridades y los muchos males que afectaban al pueblo estaban dados por la falta de establecer claramente las atribuciones y facultades distintas que tiene cada uno de los poderes de un Estado republicano, es decir, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Para él convenía, entonces, urgentemente proceder por el pueblo allí reunido, por nombramiento directo, establecer el primero de esos Poderes, bajo la denominación de Junta Representativa, investida del carácter de Constituyente y Legislativa, al mismo tiempo.
Meses después, el 21 de enero de 1821 quedó establecido el Poder Legislativo de San Juan. Sus atribuciones comprendían la de ser un fiel interprete de la voluntad del Pueblo, defender su tranquilidad, proteger el libre uso de su libertad, propiedad y seguridad, conocer y decidir en los negocios extraordinarios de común o general interés en que fueran consultados por otras autoridades.
A cuatro años de ser constituido fue el momento de procurarse la Ley Fundamental. De esta manera, en junio de 1825 la Junta de Representantes recibió del Poder Ejecutivo para su tratamiento el proyecto de constitución “Carta de Mayo”, aunque técnicamente haya sido considerada más una declaración de derechos que una constitución política.
En la década siguiente la Sala de Representantes en vez de robustecerse en su mandato, fue distanciándose de los objetivos de su creación, hasta llegar el momento de dejar de funcionar o de reducir su composición al mínimo de integrantes.
El año de 1835 dejó marcas imborrables para la historia argentina. El asesinato de Facundo Quiroga y el regreso al gobierno de Juan Manuel de Rosas con la suma del Poder Público determinó la modificación del escenario político para San Juan, que tuvo que ver con el fin de los gobiernos de influjo quirogano y la iniciación de la época de Benavides.
La vacancia de la herencia de Quiroga dejó un vacío de poder en el Interior que afectó directamente a Cuyo, despertando grandes ambiciones en algunos caudillos secundarios. El gobernador de San Juan, Yanzón, intentó invadir La Rioja que terminó en rotundo fracaso, mientras que el riojano Brizuela ocupó la ciudad de San Juan e impuso una contribución forzosa.
Después de estos sucesos, habiendo la Sala de Representantes quedado desintegrada y en imposibilidad de reunirse por falta de número, el 17 de enero de 1836 se renovó íntegramente, eligiéndose doce nuevos diputados.
Restablecida, así, la Honorable Sala, el gobernador interino convocó a elecciones para cubrir su cargo, de acuerdo a la ley electoral de entonces que disponía se duplicara el número de diputados con electores ad hoc, conocidos como diputados “doblantes” elegidos directamente por el pueblo.
La designación recayó en el teniente coronel Nazario Benavides, insinuado por Rosas desde la alta dirección nacional.
A su amplia valía en lo militar, ganada al ser llamado por Facundo Quiroga a su lado para marchar sobre Tucumán y en la expedición contra los indios del Sur, sumaba sus excelentes relaciones con el sector católico y federal. Ambas le proporcionaban la mayor simpatía popular.
Si bien los mensajes inaugurales de cualquier gobierno, por lo general, son expresiones teóricas sin una certeza de realización inmediata, la proclama del 28 de febrero de 1836 que Nazario Benavides dirigió a la población al momento de su asunción, es la primera evidencia con que contamos de su opinión en relación al imperio de la ley en el sistema republicano.
Decía en esa oportunidad a los sanjuaninos pacíficos y virtuosos que descansarían en la protección de un gobierno paternal, que sólo sería inapelable con los perturbadores del orden y con los infractores de la ley.
Habiendo sido designado interinamente, fue confirmado por la Sala de Representantes como gobernador propietario el 8 de mayo del mismo año. Nombramiento que desechó en primera instancia por no considerarse digno de tan alto cargo, pero que terminó por aceptar debido a la insistencia de la Sala de Representantes y por respeto al pueblo que ésta representaba.
En los casi veinte años de su dilatada gestión, ejercida hasta 1855, Nazario Benavides fue objeto cada dos años de periódicas reelecciones que, a excepción de la última, jamás tuvo candidatos opositores con quienes medirse en la elección de gobernador.
A partir de 1836, San Juan entró en una época de reconstrucción íntegra y de inserción en el esquema de Juan Manuel de Rosas.
Innumerables fueron sus iniciativas de bien publico. Dotó a la provincia de una serie de obras de vivencia cotidiana, como por ejemplo, el deslinde de calles y empedrado de aceras, trazado de nuevos caminos y mantenimiento de los existentes, un mercado apartado del centro de la población, el primer alumbrado público, mejoras en el cementerio y el cerramiento de los baldíos.
Pero, su gran desvelo fue la construcción del Dique que contuviera las inundaciones y siendo San Juan un oasis en medio del desierto, procuró reglamentar el uso agrario del agua.
Tampoco descuidó el mejoramiento cultural de su pueblo. Las escuelas de primeras letras funcionaron normalmente contando con crecido número de alumnos. Todo ello centrado, a partir de 1846, en una Comisión Inspectora de Instrucción Pública y luego en una Comisión Promotora de la Enseñanza Pública.
De todos sus emprendimientos el ordenamiento administrativo de la provincia fue una de sus grandes preocupaciones, en especial el funcionamiento del Poder Legislativo en la Honorable Sala de Representantes, que como hemos visto distaba mucho de poseer una estructura clara, una función institucional precisa y continuidad en el ejercicio.
Los mensajes anuales a la Sala y la fijación del protocolo oficial, materia de un cuidado empeñoso en su administración, no fueron actos meramente formales.
Tenían el propósito de posicionar al Poder Legislativo como el Poder del Estado, elemento indispensable del sistema republicano de gobierno, no sólo porque dictaría leyes necesarias para hacer efectiva la administración, sino porque era el pueblo mismo quien estaba interviniendo a través de su representación.
Después de aquella proclama dirigida a los sanjuaninos el 28 de febrero de 1836 en que suministraba una visión de las dificultades existentes y la forma de resolverlas, Benavides cumplió año a año con celosa puntualidad con el mensaje de apertura del período ordinario de sesiones, donde exponía sucintamente lo realizado en el año anterior, comentaba los nuevos proyectos, recalcaba los lineamientos políticos de la Confederación y además, afianzaba la idea de la coexistencia de los poderes en la práctica republicana.
Por otra parte, cumplía con el deber de informar y solicitar el consentimiento del Cuerpo Legislativo ante cualquier problema importante, tal fue el caso al realizar la gira por Jáchal y Valle Fértil para reorganizar las milicias provinciales, en el año 1837. Actitud que repitió cuando la provincia experimentó grave peligro por la presencia en el Norte de las fuerzas unitarias que operaban a las órdenes de Lavalle, Lamadrid y Brizuela. En esa oportunidad la Sala de Representantes presidida por Carlos León, por ley del 16 de julio de 1840, lo nombró segundo jefe del ejército combinado de Cuyo y lo autorizó a ocuparse de reforzar militarmente a San Juan.
En otras ocasiones, el pedido del gobernador a la Sala de Representantes no estaba dado por la trascendencia del objeto que lo motivaba. Muchas veces sólo se trataba de un hecho trivial, sin embargo, en el pensamiento benavidiano era imperativa esta participación dentro del sistema republicano, porque es el pueblo quien decide a través de sus representantes. Tal fue la ocasión en que Benavides solicitó autorización de la Representación provincial para descansar unos días y “...retirarse a Zonda a tomar baños...”, dejando al ministro general a cargo del despacho.
Tampoco faltaron los mensajes especiales a la Sala en distintas circunstancias y cada proyecto que presentó lo hizo acompañado de la fundamentación por escrito para su consideración.
Sin embargo, demasiadas fueron las licencias de funciones que debió afrontar. Uno de los principales vicios que buscó combatir fue el desgano mostrado ante el quehacer de funcionario público.
Continuamente los diputados asumían su cargo e inmediatamente comenzaban la falta de asistencia a la Legislatura. Comprendiendo Benavides que el ministerio depositado en los diputados era el de ser la fiel representación del pueblo, decidió intervenir como gobernador, ya que a su decir “...no podía mirar con indiferencia un mal que trae tantos perjuicios á los intereses de la Provincia...”.
Si bien la cuestión era resorte del Presidente de la Honorable Sala, el gobernador Benavides consideraba ineludible que los asuntos del Estado fuesen tratados por el Cuerpo Legislativo y conociendo “...que por falta de asistencia de V. V. - les dice - no se despachan los asuntos de importancia que hay pendientes en la H. Representación”, los invita a concurrir mediante Circular firmada por el mismo, a todos los que habían incurrido en la falta.
En su prolongado mandato, numerosas son las muestras de este gobernador por medio de las que podemos ir dilucidando sus claras convicciones políticas que lo hacen comprometerse con la construcción republicana a través de la consolidación del Poder Legislativo de San Juan.
Si bien, debemos aceptar que el Brigadier General Nazario Benavides fue más un hombre de acción que un doctrinario, nos parece acertada esta oportunidad para referirnos a uno de los documentos donde expresa con mayor precisión sus conceptos sobre el sistema republicano. Hablamos de una serie de manuscritos reunidos en la Colección Casavalle perteneciente al Archivo General de la Nación y hasta el momento no incluidos en anteriores investigaciones locales sobre este gobernante.
En esa oportunidad, septiembre – octubre de 1846, se intercambiaron una serie de notas entre la Honorable Cámara de Representantes de la provincia de San Juan y el gobernador de la misma, con motivo de haberse declarado aquella en receso en tanto no se esclarecieran los conceptos injuriosos vertidos contra ese cuerpo, por el abogado Carlos Rivarola.
Frente a la naturaleza extraordinaria del caso, Benavides creyó de indispensable necesidad tener una conferencia en la Sala de Sesiones con el fin de persuadir a los representantes a deponer tal actitud.
Pero, si bien días después asistió a la sesión y pudo explayarse sobre lo impropio de la medida, su objetivo se vio frustrado ante la persistencia en los diputados de la decisión tomada. Esto motivó por parte del gobernador una comunicación detallada sobre atribuciones y mandato de los Representantes.
Después del concebido Viva la Confederación Argentina, Mueran los salvajes unitarios, el Gobernador de la provincia se dirigió a la Honorable Junta de Representantes haciendo ver que la medida de declararse en receso la representación era ante todo punto inconstitucional y contrario a las leyes que la misma Honorable Sala había sancionado para su régimen y observancia.
Comenzó por hacer referencia a la misión del Poder Legislativo, en abierta crítica al proceder de los diputados, porque entendía que una conducta tal era contraria a su misión y que no había estado contemplada en la suma de la autoridad que el Pueblo les había delegado; gratuitamente era hostil al Gobierno, al Poder Judiciario y a los derechos del Ciudadano.
Conocedor en muchos años de la inestabilidad política que había arrastrado a la nación al padecimiento por las cruentas luchas civiles, no compartió el menosprecio con que los diputados, irresponsablemente se habían auto convocado en receso. “...Sólo cuando emergencias terribles han puesto en conflicto la salud de la Patria – les escribe - sólo cuando la libertad a estado a punto de perderse y sólo cuando ha sido preciso un poder extraordinario, sólo en estos casos perentorios y especiales la medida de declararse en receso la Representación de un Pueblo republicano se ha hecho tolerable...”.5
Y aún en aquellos casos que detalla, no se contempla que la medida fuera por un lapso no precisado, sin haberse tomado antes los recaudos de delegar al menos en un cuerpo menor la soberanía representada.
De allí que Nazario Benavides se extrañe que ”...nunca jamás se le ha dado una latitud cual al presente, puesto que siempre la Sala ha delegado su representación y sus poderes en una comisión de su seno, que le represente, que guarde la soberanía y que atienda a los intereses generales...” 6, olvidando las veces anteriores donde la intolerancia había negado su funcionamiento por completo.
“...Sólo cuando el poder de los tiranos – continua escribiendo Nazario Benavides en el mismo documento – a atropellado la libertad y las Leyes, el primer poder constituido de un Pueblo ha dejado de existir...”
Son varios los conceptos que vierte en relación a la división de poderes, que como sabemos, junto a la libre elección de representantes y la periodicidad en las funciones son características esenciales del sistema republicano.
Posiblemente éste haya sido uno de los puntos más resistidos al momento de pretender organizar administrativamente la provincia, porque si bien existían de hacía más de tres lustros, pocas veces habían tenido un funcionamiento coordinado.
Por lo general las intromisiones de uno en otro podían ser comunes, pero de ningún modo debían ser avaladas desde el mismo Estado.
Ese equilibrio en los poderes del estado, se veía comprometido en este caso específico por haber intentado avanzar sobre las atribuciones de otro poder, el Judicial, que Benavides había buscado consolidar fuertemente a través de numerosas medidas. En una etapa histórica caracterizada por la violencia, las iniciativas de Benavides se caracterizaron por una sincera preocupación por la buena administración de justicia.
Entre sus medidas al respecto destacan el restablecimiento de la cámara de Justicia, la asignación de un asesor en leyes para la justicia lega que ilustrara a los jueces de segundo orden y la institución del cargo de agente oficial ejecutor de justicia, en reemplazo de los antiguos alguaciles coloniales.
Deducimos, entonces, las razones de por que el caso del abogado Rivarola motivó en Benavides la decisión de elaborar un escrito claro sobre las atribuciones de cada uno de los poderes, poniendo énfasis muy especialmente en los derechos del ciudadano.
No sólo fue la mansedumbre del caudillo que ahorró en la medida permitida por los tiempos, los ultrajes a la dignidad de los hombres, los daños a la integridad de las personas y los atropellos a sus bienes; sino su convencimiento de que el gobierno no podía atropellar a un Ciudadano a quien debía proteger en sus derechos, ni invadir el Poder Judiciario, arrancándole un ciudadano y su causa que privativamente eran de su jurisdicción.
Esto dado porque fue el propósito y su cumplimiento efectivo, de brindar respeto a todos, con excepción de la libertad política, en parte negada a los unitarios como condición de su subsistencia en el sistema rosista.
Después de dispersar conceptos tan concisos sobre el Poder Legislativo, el proceso Rivarola no tuvo mayor trascendencia que la revocación de la actitud tomada por la Sala de Representantes. Pero lo significativo del caso fue que los lineamientos dados por Benavides en esa circunstancia hicieron un eco tal en los representantes que llevó a que no se repitieran en hechos semejantes.
En tiempos de la organización nacional en que cada provincia, siguiendo el mandato de Urquiza, debió darse su propia constitución, Nazario Benavides fue elegido constituyente y ejerció en todo el proceso como Presidente de la Convención.
Todos sus preceptos de organización institucional que hemos analizados hasta el momento resultaron plasmados en la Ley Suprema, quedando definitivamente consolidado en ella el perfil del Poder Legislativo anhelado por Nazario Benavides.
CITAS
1 ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN. Fondo Histórico, Libro 127, folio 16. Ley Electoral. San Juan, 1832
2 ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN. Fondo Histórico, Libro 228, folio 323. Comunicación del Gobernador a la Sala de Representantes, San Juan, 1846
3 ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN. Fondo Histórico, Libro 197, folio 382. Circular, San Juan, 1846
4 Ibídem
5 Ibídem
6 Ibídem
7 Ibídem
Vanesa Téllez: Profesora de historia e investigadora. Este trabajo se ha realizado sobre la base de una investigación mucho más extensa de la autora, presentada en el Decimotercer Congreso Nacional y Regional de Historia ArgentinaVolver al índice de trabajos de Vanesa Téllez
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