Historia de San Juan
La vitivinicultura de San Juan en tiempo de conflicto
Un estudio sobre la crisis de los años 1932 -1934 que desembocó en el derrocamiento del gobierno de Federico Cantoni.
San Juan vivió años convulsionados en la década del 20 y parte de la década de los años 30. El trasfondo era político, respondía a planteos ideológicos y a concepciones de la vida. Pero también tuvo grandes repercusiones en lo económico, especialmente en todo lo que giraba alrededor de nuestra industria madre, la vitivinicultura. Esta nota está basada en un trabajo de investigación de Ana María García y analiza parte de esa etapa. 
La vid y el vino determinan el perfil económico regional cuyano desde fines del siglo XIX merced a una conjunción de factores, dando origen a una agroindustria monopólica y con fuerte concentración espacial y empresarial.
Tanto en la actividad agrícola de productora de uvas para vinificar, para mesa o para pasas, como en la elaboración de vinos y mostos contó siempre con la protección de los gobiernos nacionales y provinciales y propició las alianzas de intereses entre los empresarios y los comerciantes de los mercados consumidores del Litoral. Orientada hacia el mercado interno, sin posibilidades de exportación en esta década que nos ocupa, salvo escasas operaciones de uva en fresco, pasas y vinos, la rentabilidad y expansión de la vitivinicultura dependía de “las condiciones climáticas en los lugares de producción, de las inversiones en tecnología, así como de las tarifas de los ferrocarriles, de los impuestos internos al vino y de las políticas arancelarias instrumentadas por los gobiernos nacionales” .
En la historia de la vitivinicultura, las crisis cíclicas que la afectan de una forma sistemática en el siglo XX, están incorporadas a su desarrollo. La que nos ocupa se extendió a lo largo de la década de 1930, mezclada con los efectos de la crisis económica mundial y constituyó la mayor depresión sufrida por la industria hasta ese momento. En su segunda etapa enfrentó a los grupos productores con el gobierno bloquista del doctor Federico Cantoni (1932-1934), en torno a la cuestión de la recaudación impositiva provincial y a la regulación de la industria. Esa doble relación, política y económica, constituye el objetivo de este trabajo.
La vitivinicultura y el comportamiento fiscal
A lo largo de la historia los vinos de Cuyo, junto con el aguardiente, constituyeron algunos de los artículos más castigados con impuestos, provocando las contínuas quejas de los productores. Documentos del año 1682 ya señalan que el Cabildo de Mendoza se dirigía directamente al Rey observando las insoportables gabelas que afectaban a las carretas y vinos cuyanos en Buenos Aires; al mismo tiempo solicitaban que se prohibiera la introducción de vinos y aguardientes de procedencia española, reclamando para su beneficio la protección estatal.
Al crearse la industria moderna la presión fiscal se hizo sentir sobre ella, en una doble imposición, nacional y provincial. A fines de diciembre de 1890 se programó la adopción de un nuevo gravamen nacional, el impuesto interno al consumo de alcoholes, cerveza y fósforos, justificados por una crítica situación de las finanzas debido a la debacle económica del mismo año.
En el orden provincial nuestro interés nos lleva a centrar la atención en los gobiernos de la Unión Cívica Radical Bloquista. Los hermanos Federico y Aldo Cantoni inauguraron el ciclo “populista” sanjuanino en el siglo XX, aplicando novedosos programas de transformación social que se sustentaban en abultados presupuestos que se financiaban con una fuerte captación impositiva. Esta última se invertía en proyectos de obras públicas, en gasto social (educación y salud) y modernización de nuestra industria básica.
Siguiendo a Susana Ramella podríamos decir que “se pasó de una política impositiva tolerante, con recaudaciones mínimas (durante los gobiernos conservadores) a otra de fiscalización, represión y recaudaciones abultadas”. La reacción de los sectores afectados, productores, comerciantes y propietarios se hacía sentir y en parte las acciones de ellos fueron las responsables de la caída de las administraciones bloquistas.
Muchos integraban corporaciones o partidos políticos opositores. Tal el caso del partido conservador o Concentración Cívica que fue la fuerza sanjuanina que integró el Partido Demócrata Nacional que estaba llamado a gravitar decisivamente en la década del ’30. La estructura del primero sirvió para organizar la nueva agrupación política que se presentó a elecciones provinciales el 8 de noviembre de 1931. Otra ala conservadora mantuvo el nombre de Partido Liberal y estas dos fuerzas ocuparon los últimos lugares en las elecciones mencionadas. Los candidatos de la Unión Cívica Radical Bloquista, Federico Cantoni-Vicente Catani, gobernador y vice respectivamente, se alzaron con el triunfo ocupando por tercera vez el gobierno en forma consecutiva, interrumpidos los tres períodos constitucionales por las intervenciones federales.
En esta coyuntura el partido provincial mayoritario integraba la Concordancia en el orden nacional, liderada por el presidente Justo y el Partido Demócrata Nacional. Era lógico que así fuera porque Federico Cantoni había participado en el golpe militar del 6 de septiembre de 1930 contra Yrigoyen y además por su condición de antipersonalista. Por otra parte representaba la fuerza electoral mayoritaria, el 70 % de los votos en el año 1931.
El mandato ejercido por Federico Cantoni (1932-1934), de tono popular como los anteriores, fue convulsionado y estuvo desde el principio jaqueado por una oposición mejor organizada y una profunda crisis vitivinícola y económica.
La crisis vitivinícola, los productores y el bloquismo (1932-1934)
Cuando asumió el bloquismo en 1932 en su tercer mandato, la situación de la provincia de San Juan era crítica. Se dejaba sentir el malestar económico y financiero que afectaba al país, ahondado por la desvalorización de los productos que constituían su principal fuente de riqueza.
El precio de la uva continuó descendiendo hasta llegar a $ 3 el quintal en 1932 y bajó aún más. La elaboración de vinos acompañó este descenso alcanzando los guarismos más bajos en 1933.
Una de las primeras medidas de gobierno fue establecer el impuesto al vino. El 24 de febrero de 1932 la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 436 por la que se aplican los mismos gravámenes que existían en la época de Aldo Cantoni. Quedaron vigentes las leyes 91, 216 y 224 en sus artículos no modificados por la N° 313 (del año 1928) que regiría con todos sus ítems en lo sucesivo.
De esta manera si fijó en cuatro centavos moneda nacional el impuesto por cada litro de vino o mosto que se elaborara en el territorio provincial. Una norma posterior de 1933, la Ley 527 establecía la distribución de esos recursos financieros por el Poder Ejecutivo: a) un centavo destinado a la amortización e intereses del Empréstito externo de 1909. b) un cuarto de centavo a la Caja Obrera de Pensión a la Vejez e Invalidez, y por último en c) dos y tres cuartos de centavo en pago de sueldos y jornales del personal y obreros dependientes de la Administración Pública.
En esta reactualización de los impuestos a la producción figuran el gravamen de dos centavos moneda nacional por kilogramo de uva que se produzca en la provincia (Ley 567 del 10 de febrero de 1932) y un impuesto adicional de 15 centavos por kilo de pasa y fruta seca en la misma situación anterior, fijado en abril del mismo año. Aunque establece una prima de diez centavos por kilogramo de pasa y fruta seca que se exporte de la provincia.
Los empresarios afectados por esta generalizada imposición no tardaron en reaccionar. Si bien es cierto que la práctica estatal de recaudación de impuestos está vinculada al Estado moderno y conlleva la obligación del individuo con respecto a éste último, en la visión de los contribuyentes éstos eran excesivos y los propietarios de bodegas y viñas creyeron que los condenaba a la ruina. Hay que tener en cuenta que la Contribución Directa también aumentó sustancialmente por la nueva valuación territorial.
En el campo del imaginario popular la oposición creía que las propiedades de los adversarios políticos eran sobrevaluadas tan solo para perjudicarlos. Puntualmente se pueden citar los casos de Don Juan Maurín y Don Alberto Graffigna, empresarios vitivinícolas de mucho peso en la provincia.
La guerra entre gobierno y productores rurales e industriales estaba declarada y cobró fuerza con la creación de la Bodega del Estado, ente oficial con el que el gobierno pretendía atacar los efectos de la crisis. Era evidente que Cantoni se proponía intensificar la intervención del Estado en la economía, tendencia que se había observado en las gestiones anteriores y que ahora en los años ’30 se imponía en el orden nacional y mundial. Pero la construcción de un Estado más participativo o intervencionista, le resultaría muy difícil al gobernador por la falta de acuerdos con los opositores políticos y aún menos con los actores socio-económicos predominantes en San Juan, que muchas veces se confundían. Grupos sociales tradicionales que sustentaban un liberalismo económico clásico, según expresa Susana Ramella.
Retomando el tema de la Bodega del Estado, su creación figura en la Ley 439 del 25 de febrero de 1932. Los fundamentos del proyecto hacen referencia a los reclamos de los productores sobre los dirigentes, por lo tanto se impone la intervención del Estado. En sus 22 artículos la ley faculta al Poder Ejecutivo para adquirir vinos con fines de añejamiento, comprando anualmente el excedente de la producción que estorbe en las bodegas de elaboración. Cumple así una función de regulación del mercado y libera la vasija vinaria para la próxima cosecha, además de cuidar la calidad del producto.
El Poder Ejecutivo se abroga además el derecho de fijar anualmente el precio mínimo de la uva y el vino, para asegurar al productor de la materia prima un precio razonable, al par que lo protege de las especulaciones que giran en torno a la comercialización de este fruto perecedero.
Existe una preocupación legítima en el espíritu de la ley por mejorar la calidad del vino sanjuanino a los efectos de conquistar nuevos mercados externos.
El artículo conflictivo es el 12 que determina la financiación del proyecto. Para ello se establece una contribución adicional de cuatro centavos por litro de vino que se elabore en la provincia y de un centavo por kilogramo de uva que se produzca en la misma. Este gravamen se sumaba a los ya existentes sobre la producción.
El primer cuerpo de la bodega para almacenar 250.000 hls. de líquido estuvo listo en septiembre de 1932 y en octubre del año siguiente trabajó con el máximo de capacidad, 500.000 hls.
En la misma sesión de la Cámara de Representantes de la Provincia del día 25 de febrero de 1932 en la que se dictó la Ley 439, se sancionó la N° 438. Esta disponía la creación en el Banco Provincial de San Juan de una sección de protección a la industria vitivinícola, cuyo objeto era resarcir a los viñateros por los daños que en su plantación ocasionara el granizo. Para atender este servicio se establecía un impuesto de un centavo por kilogramo de uva que se produjera en la provincia. Este sistema de amparo había funcionado ya en la época de Aldo Cantoni.
Pero al gobierno le preocupaba también la suerte de la clase obrera que sufría de una manera directa los efectos de la crisis ya que la vitivinicultura mueve toda la economía provincial. En estos años duros, política y socialmente, creció el desempleo, aumentó el número de desocupados y la caída del salario arrastró a amplios sectores de la población a una mayor pobreza.
Próxima la cosecha del año 1933, en enero, la existencia de vinos era equivalente al 50 % de la capacidad total de bodegas. A este dato sumamos la expectativa de una cosecha óptima en San Juan, porque estaban en plena producción las viñas que se plantaron 4 ó 5 años antes. En este contexto preocupante no importaba que el Estado interviniera u ofreciera soluciones al sector empresarial, los industriales se negaban a elaborar aunque tuvieran capacidad en sus bodegas, por razones políticas.
El gobernador Cantoni sabía que la obra pública, la vendimia y la actividad en las bodegas era lo que garantizaba el pleno empleo en la provincia. De ello derivan dos medidas de su gobierno. 
• Un Decreto del Poder Ejecutivo de julio de 1932 obliga a la Oficina de Industrias a realizar un censo para determinar la capacidad de vasija de los establecimientos vitivinícolas locales. Comparado este dato con la existencia de vinos, serviría para determinar la vasija vacía de las bodegas. Sobre esta base se redactó luego la Ley 460 del 1° de agosto de 1932 que creaba un impuesto a la vasija vacía en bodega, de tres pesos cada 200 litros de capacidad sin usar.
• Pero la contrapartida de esta norma era el artículo 2° que establecía una prima de tres pesos por cada 200 litros de vino, al industrial que elaborara fuera de la capacidad de su establecimiento. El Banco Provincial entregaría préstamos para cosecha y elaboración como estímulo a los interesados.
La respuesta a las medidas del gobierno de los sectores productores y de las instituciones que los agrupaban, fue la reacción intolerante, generando una situación de violencia que puso en peligro la gobernabilidad. De los muchos testimonios disponibles de esta relación incompatible hemos analizado la reunión del Poder Ejecutivo con las fuerzas vivas y la reunión del Poder Ejecutivo con los representantes de los partidos políticos. De ambas existe versión taquigráfica que fue publicada oficialmente. En ambos casos los asistentes habían presentado petitorios al gobierno, aludiendo a la situación de crisis económica y a las disposiciones fiscales.
El primero de los encuentros se realizó el 26 de noviembre de 1932 entre el Dr. Cantoni y su Ministro de Gobierno e industriales representativos, con intereses vitivinícolas en San Juan y Buenos Aires. El diálogo pone en evidencia la tensión que existe entre las partes involucradas.
Los asistentes peticionan una disminución de los impuestos, porque “la situación los lleva a la ruina”, que el gobernador no acepta. “La Bodega del Estado, la propaganda y todo lo que se hace para mejorar y acreditar la industria vitivinícola son beneficios que reciben los mismos contribuyentes”, argumenta el gobernador.
Los bodegueros son acusados de desprestigiar al gobierno y de carecer de solidaridad, porque no unen sus esfuerzos para enfrentar mancomunadamente el conflicto.
En la 2° reunión del 9 de febrero de 1933 están presentes el gobernador, algunos funcionarios y representantes de los partidos políticos: Liberal, Demócrata Nacional y Socialista y de la Liga de Defensa de la Propiedad, la Industria y el Comercio. En el transcurso de la misma el Dr. Storni, socialista, solicita directamente la supresión de los impuestos, adoptando un criterio liberal; don Juan Maurín, dirigente de la Liga de Defensa, hace lo mismo. Como en la entrevista anterior el Poder Ejecutivo intenta demostrar mediante pruebas estadísticas que a pesar de los impuestos la salida de los vinos de San Juan se ha acrecentado. Lo que el Dr. Cantoni les ofrece para contener la crisis es un conjunto de posibilidades entre las que ellos pueden elegir: 1) pagar con vinos los impuestos pues la Bodega del Estado puede recibirlos a tal efecto; 2) pagar la Contribución Directa con propiedades, de acuerdo con la Ley 487 de colonización oficial; 3) que los viñateros formen cooperativas, tanto para vinos como para pasas, para defender su producción. A tal efecto el gobierno otorgará créditos y adelantos en dinero.
Finalmente advierte a los opositores que el gobierno debe contemplar el “gran problema”, el que afecta a todos en general y no los intereses individuales. Por ello propone a los bodegueros presentes elaborar toda la uva existente en la provincia así los obreros tendrán trabajo, que esto es tan importante como el precio de la uva o las ganancias de los industriales. Los exhorta a pasar la crisis amoldándose a las circunstancias y sin perder capital, pero también les advierte “que antes que haya hambre entre los obreros de San Juan, ha de sacrificarse, no solo los intereses, sino los capitales de los propietarios industriales sanjuaninos, porque por encima de los intereses individuales está la vida de todos los habitantes de la provincia”.
De esta manera el gobernador afirmaba su condición de caudillo popular que lo alejaba de los sectores tradicionales de poder. El líder Bloquista había sustentado su gobierno en una serie de leyes fundamentales que los sectores socio-económicos contribuyentes: propietarios, comerciantes y productores, ya sean agrícolas o industriales consideraban que los perjudicaban en un momento de crisis económica generalizada. El rechazo de sus peticiones a una modificación de la situación los llevó a cerrar filas contra el régimen imperante, que pecaba de autoritario y personalista y que no dejaba espacio para la oposición.
En el término de un año este conflicto desembocó en el estallido revolucionario del 21 de febrero de 1934 que derrocó al Gobernador Cantoni y al Bloquismo sanjuanino, que no volvería al gobierno hasta muchos años después.
Los organizadores del movimiento, esencialmente civil, nucleados en la llamada Junta Revolucionaria, componían como en un cuadro, la apretada síntesis de los intereses políticos y económicos en conflicto, que habían desvastado la convivencia ordenada entre gobierno y fuerzas vivas de la provincia. En esa Junta estaban Alberto Graffigna, poderoso industrial y miembro del Centro Vitivinícola Nacional; Juan Maurín (Presidente de la Liga de Defensa de la Propiedad, la Industria y el Comercio) y Oscar Correa Arce (del Partido Liberal), ambos encabezaron el futuro gobierno conservador de San Juan y fueron defensores de los intereses vitivinícolas de los grupos monopólicos; el ingeniero Santiago Graffigna, vicepresidente de la Sociedad de Bodegas y Viñedos del mismo nombre y Honorio Basualdo, ambos los próximos senadores de la provincia; ahí estaban los doctores Arturo Storni e Indalecio Carmona Ríos, cabezas del Partido Socialista de San Juan, que no representaba los intereses de los obreros sanjuaninos. Y así podríamos continuar.
Las fuerzas políticas opositoras y los grupos socio-económicos que representaban los fuertes intereses de la industria tradicional sanjuanina, se confundieron en una alianza antibloquista que preparó el camino para el triunfo conservador en San Juan, tal como había ocurrido en la Nación y en Mendoza en 1932.
Los documentos emanados del grupo revolucionario son elocuentes. Transcribimos a continuación párrafos del Manifiesto de la Junta Revolucionaria:
“Y es así como la industria floreciente de San Juan hoy yace agotada por impuestos fiscales exorbitantes. La agricultura aniquilada por impuestos y por leyes dirigidos a absorber en su totalidad el producto del esfuerzo de los trabajadores del campo, facilitando así los negocios ilícitos del gobernante.
El comercio languideciendo día a día bajo el peso de patentes, gabelas y multas confiscatorias y obligado a recibir moneda falsa bajo la denominación de Debentures, ... los obreros en una huelga forzosa de brazos caídos ante la ruina de la industria y de la agricultura; los trabajadores del Estado sumidos en la miseria con los descuentos ilegales de sus salarios ...”.
Mas allá de eso quedaron en carpeta los últimos proyectos de leyes del gobierno del 9 y 10 de febrero de 1934. En ellos se estimulaba la exportación de vinos y pasas mediante primas, se rebajaban algunos gravámenes, pero llama la atención un aumento del impuesto sobre el vino de siete centavos por litro elaborado en la provincia, que no pudo aplicarse.
Conclusiones
El tercer mandato Bloquista ejercido por Federico Cantoni fue coherente con el programa de transformación social y económico que había llevado al gobierno en la década de 1920. La ejecución de ese programa descansaba en la presencia de un Estado preponderante y en una fuerte captación impositiva que recaía proporcionalmente sobre “los que más tenían”. Pero en 1932 las condiciones políticas y económicas de la provincia y el país eran totalmente diferentes, y una vez más esos sectores derrocaron al gobierno “cantonista”. Pero si en los mandatos anteriores las intervenciones fueron la herramienta eficaz, pacíficas en apariencia aunque luego se desataran verdaderas “cazas de brujas” contra los correligionarios bloquistas, ahora la oposición asumió un comportamiento violento que usó como instrumento el golpe revolucionario, esencialmente civil, para presionar al gobierno nacional, que todavía no intervenía la provincia pese a las denuncias radicadas en Buenos Aires.
El 21 de febrero de 1934 salieron a la calle los partidos políticos opositores y los sectores socio-económicos organizados en gremios, como “La Federación de Vitivinicultores”, “La Liga de Defensa Comercial”, el “Frente Unico de los trabajadores” y “La Liga de Defensa de la Propiedad, la Industria y el Comercio”. ¿Pero cuál fue la actitud del gobierno nacional? Seguimos los argumentos de Susana Ramella para afirmar que Cantoni denunció a sus ex aliados de la Concordancia por haber auspiciado el movimiento. El asalto fue estimulado directamente por las autoridades nacionales del Partido Demócrata Nacional que presidía Robustiano Patrón Costas.
El Presidente Justo optó por quitarle su apoyo, dado que el bloquismo constituía una mancha populista inaceptable dentro de la Concordancia compuesta esencialmente por partidos oligárquicos. El populismo sanjuanino pagó caro su incongruencia política porque empezó a ver cómo se diluían sus apoyos nacionales, y que por heterogéneos hicieron crisis en 1934.
El diario Tribuna en su edición del jueves 21 de febrero de 1935, en homenaje a las Jornadas Revolucionarias, publicó una carta del Dr. Sánchez Sorondo dirigida al Presidente del Partido Demócrata Nacional de San Juan, en la que repudia toda alianza con el Bloquismo. Refiriéndose a ella dice: “Nada más inexacto. Recordemos para demostrarlo, que el Partido Demócrata Nacional declaró al gobierno de Cantoni como una entidad ultrajante para la dignidad del país”. Y finaliza: “La llamada ‘Concordancia de Partidos’, aceptada por nuestro comité, no puede contar con la cooperación del Bloquismo de San Juan, mientras no se esclarezcan las denuncias formidables y públicas que presentan, otra vez, al gobierno surgido de esas filas en plena regresión a los tiempos bárbaros”.
El poder oficial en la provincia no tuvo en cuenta al momento de tomar sus decisiones al sector socio-económico que representaba el poder y que en esos momentos de crisis buscaba en el poder político decisiones favorables a sus intereses. Los sucesos posteriores lo demuestran claramente.
El poder oficial en la provincia no tuvo en cuenta al momento de tomar sus decisiones al sector socio-económico que representaba el poder y que en esos momentos de crisis buscaba en el poder político decisiones favorables a sus intereses. Los sucesos posteriores lo demuestran claramente.
Por Ana María J. García: Profesora de Historia, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, directora del Instituto de Historia Regional “Héctor D. Arias”. Este trabajo se ha realizado sobre la base de una investigación mucho más extensa de la autora presentada en el XIII Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina
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