El 9 de mayo de 2012 el Senado sanciona la ley 26.742 de muerte digna. La ley amplía los derechos de los pacientes y de sus familiares al permitirles decidir sobre los alcances de los tratamientos terapéuticos en caso de enfermedades terminales, irreversibles o incurables, que prolonga la vida cuando no existen perspectivas de mejoras sobre la salud. La ley fue promulgada el 24 de 2012.