En el año 2013 se
realizó en San Juan el primer juicio oral y público por trata de personas, a
raíz del caso de una adolescente, que fue sometida a la prostitución en Mar del
Plata y trasladada a la fuerza a San Juan.
El tribunal que llevó adelante el juicio estuvo integrado por los jueces federales sanjuaninos Carlos Parra y Juan Carlos Turcumán, junto al puntano Raúl Fourcade. El ministerio público estuvo representado por Francisco Maldonado, fiscal federal general de San Juan.
En ese momento no se conocía otro debate por ese delito que haya tenido en el banquillo de los acusados a 19 personas sospechadas de haber cometido delitos vinculados con la trata.
Otro dato histórico es que a raíz de esa investigación que hizo en el Juzgado Federal N° 2 de San Juan, el Gobierno de San Juan sacó una ley que prohibió a los prostíbulos y whiskerías en toda la provincia.
En un documento de 216 fojas constaba un cúmulo de pruebas en contra de los 19 imputados. Entre ellas, las planillas secuestradas en los prostíbulos en las que constan que a las mujeres no sólo les sacaban la mitad de su dinero en los "pases” sexuales, sino que también les cobraban hasta los pasajes de los micros, el combustible por transportarlas, la comida, los cigarrillos, los remedios y estudios médicos y hasta el maquillaje que usaban para salir en público.
Los fiscales explicaron que todas las víctimas dijeron que estaban allí libremente.
Los fiscales concluyeron que "en todos los lugares investigados se hallaron las características más fundamentales del circuito prostibulario como mercado de seres humanos, como forma moderna de esclavitud”.
Una prueba fundamental, es que todas las víctimas se habían iniciado en el ejercicio de la prostitución con el objeto de hacer frente a sus necesidades económicas.
En la mayoría de los casos las víctimas eran la única fuente de ingreso económico de sus hijos o familiares. Y la mayoría de las mujeres prostituidas no habían completado su educación formal.
En 2014 el Tribunal Oral Federal dictó por primera vez una sentencia para este tipo de delito y la pena de 4 años recayó sobre Verónica Lorena Cisneros, de 38 años, quien participaba de una red de trata.
Fuente: Publicado en Nuevo Mundo, edición
1029 del 10 de octubre de 2024
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