La azucarera de Cuyo

Este artículo es polémico. Tan polémico como lo fue el que hace unas semanas publicó ante la aparición del libro “El radicalismo bloquista” de la profesora Susana Ramella de Jefferies. Está escrito bajo una óptica bien definida aún cuando se asiente en documentación objetiva. Pensamos que este tipo de notas contribuye al debate de ideas que una sociedad madura, como es la sanjuanina, debe intentar.

“El intervencionismo está ligado al fenómeno de la corrupción administrativa. La actividad intervencionista da lugar a que ciertos grupos o individuos resulten enriquecidos a costa de otras gentes o agrupaciones. Esta regla general no impide el que frecuentemente, el daño infligido a unos, a nadie efectivamente beneficie”.
Ludwing von MISES

Cuáles eran las finalidades del Dr. Federico Cantoni cuando dispuso crear la “Azucarera de Cuyo S.A.?.
Sus metas manifiestas y declaradas, al establecer y promover la nombrada empresa –según lo señala la profesora Ramella de Jefferies- derivaban de la preocupación dominante en él, que fue así definida enfáticamente: “Debemos crear un Estado Todopoderoso” (sic). Secundariamente, actuaba como motivación concurrente un objetivo político: destruir al importante e influyente sector bodeguero (sic. Prof. Ramella de Jefferies).
A través de la presente reseña histórica, elaborada con máxima objetividad, el lector encontrará por sí mismo, las enseñanzas que de tal experiencia surgen.
La Azucarera de Cuyo tuvo como origen: voluntad estatal expresada por la ley del 23 de noviembre de 1923, sancionada durante el Gobierno de Federico Cantoni.
La fábrica de azúcar de remolacha inició sus elaboraciones en 1926. Los resultados en cifras actualizadas en 1966, fueron los siguientes: Año 1926, inicial, pérdida neta de $22.841.626; año 1927, también pérdida, esta vez de $43.202.280; año 1928, igualmente pérdida, siempre en aumento, de $43.389.570; año 1929, siempre pérdidas, nuevamente en aumento de $175.337.698; año 1930, repetición de pérdidas, esta vez de $171.797.206; año 1931, pérdidas considerables $102.833.626; año 1932, las pérdidas crecen nuevamente y son de $146.087.298; año 1933, continúan las pérdidas que han consumido el capital y los créditos hipotecarios obtenidos. El fundador, Cantoni, dispone la presentación judicial en quiebra.

El principio y el fin del fracaso

He señalado ya que la fábrica de azúcar de remolacha nació a impulsos gubernativos en 1923. Por histórica casualidad, ocurrió que en 1933 gobernaba San Juan el mismo partido y el mismo funcionario que en 1923 y en 1925. A principios de 1933, más precisamente a principios de febrero de 1933 se produce un último golpe, de gran efecto y de desconcertante audacia propagandística: Se mandaron mil bolsas de azúcar de San Juan a la provincia de Tucumán. Fue el último estertor de esta criatura que nació agonizando y vivió muriendo hasta que “se cortó” en los propios brazos y bajo la directa atención, conducción y poder de quienes la habían creado.
En febrero de 1933 tuvo lugar el alarde del envío de las mil bolsas a Tucumán. Unos días después, en marzo de 1933, se produjo la parálisis mortal de la fábrica y de la Sociedad Azucarera de Cuyo.
Con la fábrica paralizada, los obreros fueron despedidos en el mismo año de 1933. Los agricultores, por una parte, no pudieron cobrar la remolacha ya entregada en el ciclo anterior; y la del nuevo ciclo, la perdieron desde que la fábrica paralizada y en absoluta cesación de pagos no pudo recibirla, ni industrializarla. Y mucho menos pagarla.
El perjuicio y las conmociones del desastre no se soportaron solamente en San Juan. Los agricultores de Mendoza también habían cultivado extensiones considerables de remolacha para la Azucarera de Cuyo. E igualmente la perdieron. No del todo, porque todos los que tenían cerdos arrojaban la remolacha azucarera en las porquerizas. Tal histórica circunstancia convirtió a la Azucarera de Cuyo en el paraíso terrenal de los cerdos, y a estos en los únicos privilegiados.

Capital inicial

El pueblo de San Juan había sacrificado como contribución de capital, hecha a través de su gobierno, para esta dulce aventura, trescientos millones de pesos –en valores actualizados¬. Los accionistas privados, embarcados en la no estudiada iniciativa oficial, habían comprometido $804.120.000. Pero estas insaciables arenas movedizas todo lo engullían; el gobierno de la Provincia, había extraido del erario, además de los trescientos millones cronicados, la suma de $37.391.860, en ayudas crediticias diversas para “semilla de remolacha y otros suplementos”.

Préstamos adicionales constantes

Los accionistas privados perdieron no solo los aportes de capital. Uno de ellos, el señor Sánchez Arbide, prestó a la “Azucarera de Cuyo” –con la esperanza, tal vez, de colmar este pozo sin fondo- la suma de siete millones ciento sesenta y ocho mil quinientos veinte pesos ($7.168.520). Como las acciones de Sánchez Arbide no daban dividendos sino pérdidas; como todo lo aportado quedaba así quemado y como la “Azucarera de Cuyo” había perdido ya en el año 1933 su capital y estaba en situación de falencia total, no pudo devolver s Sánchez Arbide la suma prestada. Sánchez Arbide fue declarado en quiebra.
Por separado los accionistas Dr. Francisco Romera Martínez, Del Sel, Héctor Gallino y el ya nombrado señor Sánchez Arbide, habían comprometido personalmente en aval, ante el Banco de la Nación, y en favor de la “Azucarera de Cuyo” la suma de sesenta y cuatro millones de pesos ($64.000.000). Nada era suficiente para contener la avalancha de errores cometidos.
A esta altura de la crónica ya esta altura de los tiempos se hace presente de nuevo, como una obsesión la sabia sentencia de Ortega y Gasset: “Lo importante es la memoria de los errores, que nos permite no cometer los mismos errores siempre”.
Los accionistas nombrados antes y el señor Arturo Fernández Marín comprometieron, igualmente, todo su patrimonio, como fiadores y avalistas de la “Azucarera de Cuyo”, por las deudas que ésta tenía con otros bancos, como el Banco Argentino Uruguayo y con acreedores particulares como el señor Juan Fuentes.

Unico protagonista principal
Funda y funde

Hemos explicado ya que el último extertor de la “Azucarera de Cuyo”, ocurrió en febrero de 1933, bajo el gobierno del fundador e inspirador de esta improvisación, Dr. Federico Cantoni, exactamente un año antes de que finalizara su gestión.
Muerta, pues, la “Azucarera de Cuyo” y paralizada totalmente su actividad, despedidos los obreros, defraudados loa agricultores plantadores de remolacha de San Juan y de Mendoza, junto con avalistas, bancos, accionistas, proveedores de todas clases, constructores, y vendedores de maquinarias, la empresa era un “corpo morto”, un cadáver yacente. El último suspiro que exaló fueron las mil bolsas enviadas a Tucumán, en sensacional alarde propagandístico.
Como es de rutina, debía procederse al velatorio procesal del cadáver, cuyas ceremonias fueron presididas por el propio gobernador, Cantoni, autor de la creación.
Estas ceremonias se prolongaron durante todo el año 1933 y buena parte del 34. Por motivos que no es este el momento de criticar, pero que no avalan los sentimientos federalistas, ni localistas de los fundadores, éstos habían constituido en los Estatutos el domicilio legal de la “Azucarera de Cuyo” en la ciudad de Buenos Aires. La “Azucarera”, pues conforme a la voluntad de sus creadores no fue sanjuanina. Fue porteña. Y como era nacida en Buenos Aires y allí tenía su domicilio legal y estatutario, en la ciudad de Buenos Aires debieron cumplirse los trámites judiciales de la bancarrota.

Causas profundas de la bancarrota

Estas ceremonias se cumplieron así en el Juzgado de comercio de la Capital Federal, Dr. Luis Gómez Molina, secretaría del Dr. Santiago de Estrada. Diarios de San Juan y de Buenos Aires, como “La Vanguardia”, socialista (Buenos Aires) de julio de 1933 y otros de San Juan del mismo mes afirmaron que la ruina definitiva de la “Azucarera de Cuyo” fue provocada deliberadamente por sus fundadores: “Maniobras hechas por los Cantoni y otros para apoderarse de la sociedad y fundirla”. (Diario “La Vanguardia”, tradicional publicación socialista, de Capital Federal, julio 1933).
En el Juzgado citado arriba se tramitaban en 1933, bajo el gobierno de Federico Cantoni, los siguientes expedientes: a) “Azucarera de Cuyo S.A. – Convocatoria”, en dos voluminosos cuerpos de autos; b) “Azucarera de Cuyo – Pedido de Amparo”; c) “Azucarera de Cuyo S.A – Solicita medidas”; d) “Sociedad Anónima J.H. Schmidt – Solicita la Declaratoria de Quiebra de la Azucarera de Cuyo; e) “Sociedad Anónima J. H. Schmidt c/Azucarera de Cuyo – Juicio Ejecutivo por cobro de crédito hipotecario”.

Velorio agitado y litigioso. La agitación venía de antes. El 6 de octubre de 1932 renunciaron siete miembros del Directorio, que integraban la mayoría del cuerpo, como protesta contra las presiones perniciosas que denunciaban del gobierno provincial de Cantoni. Renuncia el Síndico Titular. Renuncia además, el Síndico Suplente. Comenta “La Vanguardia” de Buenos Aires: “A partir de entonces la sociedad siguió funcionando ilegalmente, bajo la dirección de un Directorio acéfalo, pues no se llamó a Asamblea para integrarlo. La ilegalidad corrió pareja con el desorden y la negligencia, intencionales y dolosos. Además, renunciantes el síndico titular y el síndico suplente toda la administración quedó sin control, ni fiscalización”. (“La Vanguardia”, de Buenos Aires, fecha citada).

Unico y verdadero director: “Cantoni”

Por su parte, el perito auditor contador Don David Bernardo Tibaldi, realiza un estudio de libros, papeles y facturas y llega a conclusiones rotundamente condenatorias. El estudio se publica en folleto, para conocimiento de los accionistas. Se refiere igualmente a la inexistencia de síndicos, ni titular, ni suplente, y a la renuncia de siete directores. Da los nombres de los cinco directores que restan. Y puntualiza que el único y verdadero director fue el gobernador de la provincia, Dr. Cantoni, quien usó de “su especial posición para marcar rumbos a la sociedad”. (Informe del perito contador citado).
La cesación de pagos de la “Azucarera de Cuyo” y su presentación en convocatoria de acreedores ante el nombrado Juzgado de Comercio a cargo del mencionado Dr. Luis Gómez Molina en la Capital Federal, dieron origen al nombramiento del General Don Isidro Arroyo, como síndico de la empresa convocatoria. El general Arroyo se vio obligado a destituir, con fecha 17 de mayo, a tres directores, de los cinco directores restantes, que representaban al gobierno del Dr. Cantoni y que eran los señores Francisco Hanuer, Edwig Freude y Werner Mandry. Ninguno de los directores eran sanjuaninos, ni por nacimiento, ni por radicación.
Estos directores nombrados por Cantoni –para manejar la “Azucarera”- eran aventureros alemanes, residentes en Buenos Aires y simpatizantes del entonces naciente nazismo.. Actuaron en Buenos Aires siempre, incluso en los episodios posteriores de octubre del 45, año del suicidio de Hitler.
El general Arroyo se vio obligado a destituir a estos representantes del Dr. Cantoni por hacer negocios –en representación de la “Azucarera de Cuyo”- con sociedades e instituciones de las cuales eran directores o empleados y por infracción a lo previsto en el artículo 338 del Código de Comercio.
Respecto a esta medida dispuesta por el general Arroyo se puede leer la apreciación que textualmente transcribo: “Cabe señalar que los destituidos eran, precisamente, los representantes de la provincia, ante el Directorio, que debieron ser designados para defender los intereses del Estado y, por lo tanto, para ejercer el contralor de la entidad y no, seguramente, para hacer negocios que han influido para traer la institución al estado ruinoso en que se encuentra, con evidente perjuicio para los intereses públicos que promedian en este caso”. Ver, además, en extenso estudio e informe producido y suscripto por don Félix Carrié y por el Dr. Arturo de la Rosa Ponte, publicado en su integridad el 30 de noviembre de 1934.

La empresa Smidth S.A.

Cuál era el estado de la empresa “Azucarera de Cuyo” en general y cuál el estado de sus bienes físicos, lo manifiesta esta anécdota judicial. La empresa J. H. Smidth S.A. había tenido mucha suerte por aquellos años y durante aquel gobierno, en sus negocios de construcción y afines especialmente, en cuanto todas las obras públicas importantes, o casi todas, le fueron adjudicadas. Estaba estrechamente vinculada al gobierno y al grupo Freude, Mandel, Hanuer. Y fue, precisamente, la empresa J. H. Smidth S.A. la que, en 1933, seguía acciones judiciales contra la “Azucarera de Cuyo S.A.”, para hacer efectivo el cobro de sus créditos que estaban –sin incluir costas- en el nivel de los ciento un millones de pesos (exactamente $101.863.392). Es la misma empresa que reclamó y también obtuvo la quiebra de la “Azucarera de Cuyo”. Como es sabido, las firmas insolventes y en falencia, consiguen paralizar los procedimientos de ejecución judicial de todos sus acreedores mediante las clásicas presentaciones en convocatoria o quiebra. Con excepción de los acreedores hipotecarios y prendarios, los cuales sí pueden proseguir los procedimientos individuales de ejecución.
La “Azucarera de Cuyo”, debía a solo tres acreedores hipotecarios y prendarios la suma de 337.810.736, con garantía hipotecaria en 2º grado y en tercer grado a Pedro Olivé: $83.454.000, también con hipoteca. Y a continuación venía en procesión la multitud de acreedores privilegiados y luego los quirografarios de toda magnitud, ubicados principalmente en Buenos Aires, San Juan y Mendoza, obreros y agricultores.
El 18 sw julio de 1934, 4 días antes de los comicios en que resultó elegido Juan Maurín, como sucesor de Cantoni, tuvo lugar el remate judicial dispuesto con mucha anterioridad por el Juez de Comercio de la Capital Federal don Luis Gómez Molina, en los procedimientos de ejecución seguidos por J. H. Schmidt S.A. y por la firma Pedro Olivé. La base para el remate era la suma de $125.818.818, cantidad inferior en sesenta millones al monto de solamente dos de los créditos en ejecución, cuyos dos créditos sumaban $185.317.392. El objeto del remate eran todos los edificios, talleres, fábrica de azúcar, etc.
El martillero, don Rodolfo E. Luit, señaló especialmente que el capital original de la sociedad ascendía a un mil ciento cuatro millones ciento veinte mil pesos, ($1.104.120.000), a cuya suma deben agregarse las cantidades absorbidas por la “Azucarera de Cuyo” en concepto de créditos adicionales impagos, provenientes del gobierno de San Juan y de particulares.

Evaporación del capital aportado y de los créditos recibidos

Pese a que la base para el remate ascendía solamente al nueve por ciento (9%) de la suma del capital aportado y de los créditos adicionales impagos, finalizó este remate sin que hubiera un solo postor. Ya he señalado que los dos acreedores ejecutantes tenían el carácter de acreedores hipotecarios (J. H. Schmidt S.A. y Olivé) y he explicado también que la base para la subasta era inferior en 60 millones al momento de ambos créditos hipotecarios. Por consiguiente, es bien gráficamente demostrativo el grado de desvalorización y de evasión vertiginosa de los bienes que componían el activo físico de la Azucarera que ni siquiera los propios acreedores hipotecarios hicieron postura alguna, ni aún por la base fijada por el Juez de la Capital Federal, Dr. Gómez Molina. Los acreedores ejecutantes nombrados –por lo menos ellos- pudieron ser, hipotéticamente, postores por la base y por mucho más, sin tener que hacer desembolsos, de un solo centavo.
Subrayo fechas. La subasta judicial referida tuvo lugar el 18 de julio de 1934, es decir, un año y cuatro meses después del cierre de la fábrica y exactamente cuatro días antes de que se realizasen los comicios en que sería electo el ciudadano, don Juan Maurín, que sucedió al Dr. Cantoni, en la gobernación de la Provincia, cuyas elecciones se cumplieron el día 22 de julio de 1934.
Este largo episodio de sacrificios y pérdidas, impuestos al pueblo todo de San Juan, a ahorristas y a proveedores confiados, había durado desde la ley de 1923 hasta marzo de 1933, clausurándose la penosa parábola, bajo la gobernación del Dr. Federico Cantoni, en cuya fecha la fábrica cerró definitivamente sus puertas.

Examen de las causas

Considerablemente más importante que el conocimiento de las personas que intervienen en este fracaso, de las fechas y de otras circunstancias como las que quedan puntualizadas, es conocer las causas de este fracaso: ¿Para qué? Para “no repetir los mismos errores siempre”. El oso se desplaza en su zoológica prisión y, con todo el poder que su fuerza le otorga intenta liberarse. Va y regresa desde un extremo al otro, hasta que el muro y los barrotes lo detienen. Va y regresa. Va y regresa. Va y regresa miles de veces cada día. Pese a su energía y a su fuerza, no se libera y fracasa miles de veces cada día. Fracasa el oso porque nunca se ha detenido. Porque nunca se ha detenido a recordar y repensar los errores cometidos, para no seguirlos cometiendo indefinidamente hasta la consumación de los siglos. El hombre sensato y prudente es el contraste; comete errores, pero los recuerda y no los repite; y al repensar sus errores corrige su accionar y le imprime eficacia, supera el obstáculo y consigue el éxito.
Es así una lección permanente, altamente útil, la que se desprende del examen de las causas del desastre de la “Azucarera de Cuyo S.A.”.

Causas de la bancarrota

El informe Carrió-De la Rosa Ponte señala alguna de las causas que originaron la catástrofe azucarera; entre ellas:
1)- Avasallamiento ilícito. Que el Ejecutivo Provincial habla, en todo momento, hecho “una constante absorción de facultades que convertía en ineficaces las actividades del Directorio”.
2) Ley Cantoni de 1928. Que la producción de remolacha se había malogrado sostenidamente por gravitación de la ley del 23 de julio de 1928, sancionada durante la gobernación del Dr. Cantoni, que modificó las 1623 y 1925, cuya ley al mismo tiempo que liberó de la obligación de afectar al cultivo de la remolacha la mayor parte de las diez mil hectáreas expropiadas con esa expresa finalidad, “postergó virtual e indefinidamente el regadío y la provisión de agua para aquella superficie”.
3) Negocios ruinosos. Poco respeto por disposiciones legales, lo que permitió la realización de “negocios que han influido para traer a la institución al estado ruinoso en que se encuentra”.
4) Despilfarros. Comisiones exorbitantes y otros ítems. Excesivos gastos financieros y despilfarros como el pago de $55.286.660 por el solo concepto de comisiones por venta de acciones, hasta 1932.

La opinión pública opina

A fines de 1934, casi dos años después de haber sido cerrada definitivamente la fábrica de la Azucarera de Cuyo, por y durante el gobierno del Dr. F. Cantoni (marzo de 1933), se realizó una asamblea pública en el viejo Teatro Estornell con el objeto de considerar la reapertura de la fábrica.
El noventa por ciento (90%) de los concurrentes sostuvieron que la reapertura de la fábrica no era posible ni aconsejable. . El Ing. Industrial Manuel Sigal, aunque partidario de la reapertura, en artículo publicado el 26 de noviembre de 1934, reconoce que solo el 10% estuvo por la reapertura de la fábrica.
El Ing. Sigal, desde su posición minoritaria favorable a la reapertura, trata de explicar las causas adicionales del fracaso, con las siguientes aseveraciones, algunas de las cuales, son definitivas por sí solas para demostrar acabadamente que se trató de una creación absurda. Baste, por ejemplo, la primera: “grado sacarino insuficiente”.
A su juicio las principales fueron éstas:
1) Porcentaje sacarino: El porcentaje sacarino es demasiado débil.
2) Fallas técnicas Industriales. Los errores técnicos del directorio de la “Azucarera” impidieron alcanzar los mínimos necesarios.
3) Fuera de época. Las siembras de remolacha se realizaban fuera de época.
4) Terrenos pésimos. Fueron afectados a la siembra “los peores terrenos de la provincia”.
5) Errores agrícolas. No se tuvo en cuenta el cultivo anterior y las plantas parásitas asfixiaron a la remolacha.
6) Errores agrícolas: Fueron realizados los cultivos en forma extensiva., en lugar de hacerlos extensivamente.
7) Falta de recursos agrícolas. Carencia de la mano de obra indispensable, insuficiencia de los trabajos agrícolas. Se advierte paladinamente que las causas técnicas del impresionante naufragio fueron múltiples. Y suficiente cada una de ellas, considerada aisladamente Y suficiente cada una de ellas, considerada aisladamente y con abstracción de las restantes, para explicar la rotundidad y definitividad del fracaso total.

Otras causas concurrentes
Aún más definitivas

La Vanguardia” de Buenos Aires, el síndico General Isidro Arroyo, el auditor contador Tibaldi, los informes Carrié y De la Rosa Ponte y otras incontables opiniones, originadas en los más diversos ángulos y sectores, atribuyeron el fracaso fundamentalmente a despilfarro, desorden y falta de corrección.
Por su parte, “La Nación” de Buenos Aires en editorial de marzo de 1933, comenta el ya ocurrido cese definitivo de la fábrica.
Ante todo, ha habido -dice “La Nación”- “una improvisación antieconómica”. Se hicieron tan enormes gastos, sin otra garantía ni base que “ligeros ensayos, cuando en Tucumán, para adoptar la caña de Java, se habían realizado experimentos contínuos que duraron seis años. Con esa improvisación se hizo “embarcar a los agricultores” con esta nave sin brújula, destinada a hundirse. Hubo ”falta de seriedad” en la conducción.
Critica “La Nación” que la improvisación y la ligereza fueron tales que se llegó a “declarar pomposamente que se obtendría un rendimiento por hectárea superior al que se logra en los Estados Unidos”.
En otro pasaje, el editorial se refiere a “la incapacidad oficial para comprender los graves problemas involucrados en “la actividad industrial azucarera”, y a que el “ejemplo de San Juan tendría que ser aleccionador”. Este editorial, titulado “El ejemplo de San Juan” empezaba así: “Cuando a principios de febrero (de 1933) llegaron por primera vez a Tucumán mil bolsas de azúcar de San Juan, eso pareció un reto”.
“No han pasado dos meses y el directorio de la fábrica creada por el gobierno de la segunda de estas provincias confiesa una deuda imposible de pagar, declara que sobre un cálculo de 150.000 toneladas del producto, sólo ha podido conseguir 18.000 y encara la conveniencia de convocar a sus acreedores”. Aspectos más característicos: “improvisación industrial”, “falta de seriedad”, “incapacidad oficial”.

Dirigismo – Estatismo
El pecado capital

Aquel editorial de “La Nación”, ya señaló, como una otra causa decisiva de ese fracaso al dirigismo y al intervencionismo estatal. El dirigismo y el intervencionismo fracasan siempre, eluden las responsabilidades y las enseñanzas que surgen de los fracasos impuestos a los gobernados; y, olvidados los tremendos errores pasados, se vuelve a reincidir en ellos. Hay un constante regreso, como el del oso en su jaula. Es que Ortega y Gasset desacertaba? ¿Es que no es tan grande la distancia entre orangutanes, chimpancés, tigres y hombres? ¿Es que todos los grandes jerarcas de la escala zoológica, incluso el pretendido “Rey de la Creación”, han de cometer siempre los mismos errores?.
“El lamentable fracaso” dice el mismo editorial de “La Nación” de marzo de 1933, “es pues, ante todo, el fruto de una intervención indebida del gobierno”. ¿Así es que ya con anterioridad a 1933 el intervencionismo estatal producía resultados catastróficamente negativos?. Así es. El atraso económico y social bajo la organización colonial española también fue, “ante todo el fruto de la intervención indebida del gobierno”. Intervencionismo que, en algún caso, estuvo inspirado en excelente intención, y en algún otro caso, en propósitos no tan excelentes, ni tan ingenuos. Pese a la variedad de propósitos y de circunstancias, siempre el intervencionismo siguió las rutas del descenso y de la caída. Por otra parte, el mismo editorial de “La Nación” aclara y expresa cómo el fracaso del intervencionismo del Estado “no es una exclusividad del gobierno de San Juan, aunque allí haya tenido un carácter tan ruidoso”. Menciona a Tucumán. Siempre Tucumán en crisis. El editorial de 1933 señala cómo “en Tucumán se han visto algunos casos…”, “que provienen de un espíritu similar”, al de San Juan cuando la creación de la “Azucarera de Cuyo”. Y así también en Tucumán existió, comenta el editorialista de 1933, “la artificiosa fundación de nuevos ingenios”, seguida después –tiempo más, tiempo menos- por la “quiebra de algunos de esos ingenios en Tucumán”.

Contrastes polares:
San Juan y Mendoza

En San Juan por una parte y en Mendoza por la otra, se han seguido constantemente líneas opuestas. Y, concretamente, frente al problema de la remolacha, en San Juan se hizo, en forma totalmente improvisada, todo en grande, para experimentar después de cometidos los errores irreversibles. ¿Qué se experimentó?. El desastre, también en grande.
En Mendoza, se cumplieron, con alta responsabilidad técnica, estudios y experiencias de laboratorio para establecer con certeza si conviene o no, si es anti-económica o no allí, la remolacha azucarera. Y, en cualquier caso, cuál es el tipo de tierra, la clase de máquinas, el origen de las semillas, los modos de explotación que serían más aconsejables. Experiencia y estudio de muchos años. Para evitar toda posibilidad evitable de catastrófico error. Y pese a los años de experiencia, aún no tenían conclusiones afirmativas, que les autorizasen –con responsabilidad- a embarcar a nadie a travesías económicas a salvo de naufragios.
Este extensa crónica lleva implícita su moraleja educativa. Un mandamiento, especial para gobernantes: “No improvisarás. No construirás fábricas que no fabriquen. Ni vías de tránsito que no sean transitadas. Ni embalses, que no embalsen”.
El mismo movimiento político responsable del desastre de la Azucarera, conducido después y ahora por el propio hijo del realizador de aquella inolvidable calamidad, y de otras no menos inolvidables y catastróficas experiencias estatista, como la “Marmolería del Estado”, viene repitiendo después otros inexcusables fracasos, tal vez no tan resonantes como el de la Azucarera, pero similares en cuanto a algunas de sus perversas características salientes. Por ejemplo, el afaire del Dique de Los Loros en el departamento Sarmiento, costeado por la comunidad, realizado y definitivamente inhabilitado por el propio gobernante que lo construyó. Fue también obra de una improvisación inexcusable e inconciliable con la mínima prudencia que debe imponerse a quienes manejan fondos públicos, que no son propiedad privada de los mandatarios que los malbaratan, en perjuicio del nivel de vida de la población y de sus legítimas aspiraciones de prosperidad.
Actualmente, el gobierno que construyó el Dique Los Cauquenes en Jáchal, se ve sometido a la humillación pública de tener que desmontarlo –también con fondos públicos- para aminorar siquiera los daños que causa, en gran medida irreversibles. ¿Y el camino de Agua Negra, habilitado hace casi un cuarto de siglo, que no conduce a ninguna parte?¿Acaso no constituye un crimen financiero perpetrado contra la comunidad, privaría durante décadas de parte importante de sus recursos y desafectarlos de sus destinos propios de auténtico y legítimo bien común, para destinarlos –en la más ingenua de las hipótesis- a volcarlos en el incolmable tonel de las Danaides.
¿Y el caso de la CAVIC, cuya catástrofe estaba pronosticada por la ciencia económica, al momento de nacer, muerta definitivamente en los brazos de quien la concibió y le dio vida? Otro tremendo vaso agujereado, en donde se depositaban perpetuamente fondos de todos los orígenes y las ilusiones ingenuas de miles de productores?.
¿Puede haber “salarios dignos”, nivel de vida alto, productores en prosperidad y porvenir para la República y para la Provincia, mientras hayamos optado por estas arenas ávidas, y aceptemos volcar perpetuamente los esfuerzos de todos en infinitos toneles de las Donaides?.

Nota publicada en El Nuevo Diario el 11 de junio de 1987

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