El autor de “EI derrotero de Adams”, agudo observador que penetró en San Juan en 1825 desde Mendoza por Carpintería, Rinconada y Pocito y prosiguió a La Rioja por Usno, ha dejado como “Manuel de Morales” en 1785, un cuadro con diversas consideraciones interesantes sobre la agricultura, la ganadería y la minería sanjuaninas; excediendo a ese año 1825 para abarcar una época, precisamente la que cerraría con José Martin Yanzón en 1836.
Al pasa por Angaco el viajero señaló: “Aquí se halla de todo… tiene riego del río San Juan”. A la vista de Pocito, dijo: “Ranchería, riego del río San Juan, aquí se encuentra de todo. En Valle Fértil: “Pueblo con cuatrocientas almas, tiene riego, chacras y monte”.
La tierra pública se denunciaba previa mensura, con fijación de linderos y tasación, por edictos por si hubiese reclamos de algún dueño, y se vendía por un valor que oscilaba entre 500 y 2.000 pesos la cuadra, a plazos. Al aplicarse por el gobernador Del Carril en San Juan la ley de enfiteusis, “debía suspenderse la venta de tierras y sólo darse en arriendo o en enfiteusis”; mas la irregularidad permitió a “un cortísimo número de vecinos que demarcaran inmensas cuadras que no podrían cultivarlas en muchos años, resultando un perjuicio notorio a la labranza”.
En materia de ganadería, el artículo 6º de un reglamento de 1821 había abolido el pago de 2O reales exigido por cada vacuno sacrificado, y el artículo 3º del reglamento de Aduana del año siguiente fijó un decreto de tres pesos por cabeza al ganado introducido ya engordado y otro inferior al ganado flaco. Ambas medidas, encaminadas al fomento de los campos de pastoreo y alfalfares, mejoraron la agricultura con nuevos cultivos; pero por sobre todo, echaron las bases de un resurgimiento ganadero en Jáchal y Valle Fértil, que llegaron a suministrar carne de consumo y cueros para la exportación, como le había sucedido a San Juan en los siglos XVII y XVIII con las vegas de Huanacache.
Pese a la preocupación por la minería bajo la influencia de Rivadavia y a una ley de la provincia del 12 de mayo de 1826, asegurando a todo individuo que denunciase una mina “un año para habilitarla”, sin operarse la caducidad de su denuncio, la explotación mineral continuó languidecente; lo mismo que durante la época colonial, para comenzar a levantar cabeza sólo a partir de 1860 en el gobierno de Sarmiento, salvo períodos aislados de florecimiento como en el
esfuerzo de la campaña de Chile, entre 1816 y 1820, durante el cual se remitieron 421 onzas de oro de Jáchal y Gualilán, abundante mineral de plata y cobre de Arrequintín, y de plomo y azufre de Pismanta y Guayaguás.
El comercio y la industria, particularmente la vitivinícola, crecieron hasta 1836 a propio impulso, acondicionados por una política económica insuficientemente orgánica y por la limitación natural del mercado de consumo. Un buen estudio sobre la materia destaca que “la revolución de Mayo, al provocar el cambio político que nos llevó a la independencia, trajo aparejada, como era lógico, una profunda conmoción en la estructura económica heredada y a los veinticinco años de la gloriosa gesta del país aún no había encontrado una fórmula que conformara los intereses de todos, viviéndose en épocas de reajuste político y económico”.
Fuente: Historia de San Juan- Tomo III (Época Patria) - 1810-1836 - Horacio Videla
Nota publicada en “La Nueva Revista” de “El Nuevo Diario” el 25 de agosto de 1995, edición 721.