En San Juan, existen innumerables terrenos naturales disponibles para ser usados como pistas clandestinas de aterrizaje de aviones de cualquier tipo. Lo inhóspito e inmenso de esos campos y la ausencia de pobladores, favorece el desarrollo del contrabando aéreo. Esta topografía fue bien aprovechada por individuos dedicados a esta actividad, hasta que alertó a la policía local. Pero hasta entonces y de acuerdo a las evidencias, fueron numerosos los descensos de naves aéreas para transportar toda clase de mercaderías ilícitas. En algunas de estas operaciones que se produjeron en campos de Ampacama, Albardón y Pampa del Gigantillo, Guayaguás, Caucete, la policía logró frustrarlas con detención de los intermediarios o repartidores; contrabandistas y el secuestro de la mercadería. Luego de estos procedimientos se estableció la existencia de mapas con costas bien parecidas de lugares aptos para el aterrizaje clandestino. Estos mapas fueron confeccionados fuera del país. Actualmente, con los relevamientos realizados y la intervención de Gendarmería, se logró que San Juan quedara fuera de los planes de contrabando aéreo, por ahora. El siguiente artículo fue publicado en El Nuevo Diario el 28 de julio de 1995, edición 717.
Hubo una época en que San Juan fue
utilizada como receptora de contrabandos aéreos, ya sea para su distribución y
comercialización en el área local o bien como enlace con otras provincias.
Para la concreción de esta actividad
ilícita, se contaba con varias pistas clandestinas de aterrizaje, en zonas como
al este de Caucete, en Albardón costado norte, en Sarmiento y otros lugares. Se
llegó a establecer la existencia de mapas dibujados en Paraguay y Uruguay con
registros de terrenos adecuados y aptos para esta tarea en los departamentos
señalados. Con estos datos, les resultaba fácil a los pilotos descender sin
inconvenientes topográficos.
Fueron numerosas las huellas encontradas
en esos parajes como consecuencia del aterrizaje y despegue de aviones no
identificados y seguramente con posibles contrabandos.
Pero solamente en tres ocasiones la
policía tuvo directa participación y contacto con estos aparatos. Una vez, en
el año 1965, cerca de los cerros de Pie de Palo, aterrizó un pequeño avión pero
luego sus ocupantes levantaron vuelo ante la presencia de gente, que nunca se
pudo saber si fue la policía o bien individuos que pretendieron apoderarse de
mercancía, porque se produjo un breve tiroteo.
Un año después, murieron un piloto y su
acompañante, a bordo de un Pipper, al pretender aterrizar en un campo de
Ampacama, cerca de El Salado, Albardón; posiblemente debido a lo irregular del
terreno, la nave dio un tumbo y luego se incendió, pereciendo los ocupantes.
Numerosas cajas de cigarrillos importados y botellas de licor quedaron
esparcidas en el lugar.
El último caso resultó más espectacular
porque hubo detenciones y secuestro del aparato y mercaderías. Sucedió en la
tarde del 19 de octubre de 1967, en el paraje conocido como Pampa del
Gigantillo, Guayaguás, Caucete.
TERRENOS
SECOS Y AGRESTES
Las zonas ya señaladas reúnen idénticas características
topográficas, que permiten el libre desplazamiento y maniobras de aviones,
tanto livianos como de carga.
Los relevamientos efectuados en esos
campos demuestran que son terrenos firmes. A simple vista se suponen medanosos, pero por influencia de
las lluvias se convierten en tierras duras y forman extensas planicies, sin
arbustos altos, que puedan impedir el aterrizaje de naves aéreas.
Solamente quedan visibles huellas de los
neumáticos. Es notable la cantidad de pistas naturales existentes en esos
lugares, utilizados únicamente por elementos marginales.
En estas riesgosas operaciones
intervienen pilotos experimentados y harto conocedores de las pistas
clandestinas. Estos individuos controlan en desplazamiento e itinerario
mediante mapas escritos por quienes visitaron y recorrieron los campos. En
ellos descienden con precisión y seguridad. Aparte de estas maniobras, los
ocupantes de estos aparatos están expuestos a otro peligro. El de ser
capturados por la policía o también ser sorprendidos por sujetos conocedores de
esta actividad, cuya acción se denomina “mejicaneada”, como se quiso pretender
en Guayaguás, según testimonio del piloto detenido.
En aquel entonces, existían bandas
dedicadas a apoderarse de los contrabandos tras asaltar al avión u otros
vehículos portadores del ilícito. Estos malvivientes también son conocedores de
lugares aptos para el aterrizaje clandestino y, según parece, ya habían
incursionado en el campo de Guayaguás.
EL
AVIÓN CAZADO
Por comentarios, la Dirección de
Coordinación e Información Policial (hoy Dirección de Inteligencia), en aquel
entonces a cargo del comisario general Carlos Alberto Assaf, tenía conocimiento
de que en varias zonas de la provincia descendían aviones con cargas de
contrabando. Estos hechos se producían en pistas clandestinas, terrenos
naturales de Pampa del Gigantillo, jurisdicción de Caucete, y campos de
Ampacama, departamento de Albardón.
Con la autorización del jede de Policía, coronel R.E. Adolfo E. Díaz, se
dispuso a realizar un relevamiento topográfico en esos lugares. Había que
confeccionar mapas y efectuar marcaciones con puntos de referencia.
Hacia el sector de Guayaguás partió una
comisión integrada por el oficial principal Ramón W. Navarro; el oficial
ayudante José Hilarión Rodríguez, cabo Oliden Brizuela y agente Silvestre
Aguado. También los acompañaban técnicos de comunicación, con equipos
adecuados, el oficial inspector Pablo C. Céspedes y el sargento José Zenón
Maza.
El plan consistía en sentar base en un
lugar inhóspito, distante 10 kilómetros de la ruta 20. Tras armar el
campamento, los integrantes de la patrulla se abocaron a realizar incursiones a
la región, donde lograron ubicar huellas que luego condujeron a enormes planicies
casi sin arbustos, aptas para el aterrizaje de aviones, confirmando las
versiones existentes.
CONTACTO
CON CONTRABANDISTAS
Durante el día la temperatura en esos
parajes ascendía notablemente y a veces dificultaba a la labor encomendada.
Pero por la noche se hacía sentir el frío, obligando a los policías a prender
una fogata que les servía de abrigo y a la vez para ahuyentar a las alimañas y pumas que, amparados por la
oscuridad, cometen estragos entre el ganado caprino.
Por la mañana, con las primeras luces del alba, el grupo emprendía otra
jornada. Se encontraban con esa tarea cuando desde el punto de observación se
notó una polvareda levantada por algún vehículo.
Minutos después, los policías vieron
acercarse una camioneta Ford F-100 color blanca, chapa 7753, seguida por un
enorme camión marca Fargo, patente 6461. Al entrar a una curva, dichos
vehículos fueron rodeados y detenidos sus ocupantes.
La camioneta la manejaba Roberto Miguel Farre, mayor de edad, en tanto el otro
rodado estaba a cargo de Pedro Socco, a quien acompañaban Alberto Quevedo y
Juan José Suárez. Todos los nombrados, al ser interrogados, manifestaron que
andaban en busca de leña y al mismo tiempo cazar avestruces y liebres.
Tales declaraciones no conformaron a los
policías al observar que en el camión había varios tablones y cordeles. Más
aún, algunos de los individuos titubearon en la charla, permitiendo entrever
ciertas dudas.
La presencia de esos vehículos en ese
lugar inhóspito, donde se carece de leña, hizo sospechar que se trataba de algo
ilícito.
APARECE
EL AVIÓN
Los recién llegados quedaron allí como
detenidos. La camioneta y el camión fueron camuflados con arbustos, al igual
que el jeep y equipos de comunicación de la policía. Esta novedad fue informada
por radio a la jefatura.
Alrededor del mediodía, se escuchó el bramido de un avión que enseguida
apareció desde el este. Hizo un círculo sobre la zona a baja altura para luego
elevarse hacia el sur. Se suponía que alguien debía hacer una seña. Los
detenidos negaron conocer tal procedimiento. Entonces se resolvió descubrir la
camioneta, la que se puso en lenta marcha ante el regreso del aparato.
Debido a esta maniobra el piloto decidió
aterrizar. Cuando el avión detuvo la marcha, los integrantes del grupo policial
se dirigieron al lugar de la camioneta y el jeep. Seguramente los ocupantes de
la nave advirtieron la presencia policial e intentaron carretear para levantar
vuelo. Desde atrás los policías empezaron a dispararles con sus armas largas.
En esa desesperada carrera el oficial
Navarro cayó del jeep y quedó tendido en el suelo, mientras se proseguía con la
espectacular persecución.
CAPTURA
Y SECUESTRO
Se estableció posteriormente que uno de
los disparos destrozó el cable de uno de los motores, lo que obligó al piloto a
realizar una brusca maniobra, tras lo cual el avión se tumbó hacia uno de los
costados y se destrozó el ala, para quedar en esa posición.
Los ocupantes, que eran dos, saltaron fuera de la cabina para emprender veloz
carrera a campo traviesa. Pero enseguida fueron alcanzados y detenidos. Fueron
identificados como Artheio García, piloto, radicado en calle Pehuajó 898,
Castelar, provincia de Buenos Aires y Dilemando Mario De Olivera, mecánico,
domiciliado en Asunción, Paraguay.
El avión se trataba de un bimotor Loocked Lodestar, matrícula N-6-L. Estaba
cargado con cajas y bolsas de cigarrillos importados.
Desde ese escenario del acontecimiento,
se informó a la Central de Policía, desde donde partió una comisión encabezada
por el subjefe, capitán Orlando Parrello; el director de Seguridad, oficial
Washington Caballero y el director de Coordinación, oficial Alberto Assaf, con
personal subalterno.
El oficial Navarro, como consecuencia de
la caída, sufrió una herida cortante en la región frontal. Luego todos los
detenidos fueron trasladados hasta la Central de Policía, con conocimiento del
juez Federal, Mario Gerarduzzi.
Posteriormente se estableció que la
mercadería procedía del Paraguay y tenía por destino San Juan, para ser
distribuida entre algunos comerciantes locales y también de Mendoza.
“MENOS
MAL QUE ERAN POLICIAS”
El autor de esta nota, en aquel entonces
tuvo directa intervención como cronista en la mayoría de los procedimientos de
este suceso. Se pudo comprobar que el avión tenía suficiente combustible para
realizar el viaje sin abastecerse. Hasta el asiento que utilizaban era un tanque
de nafta.
Llevaban mercaderías cuyo costo superaba
los 8 millones de pesos.
El viaje era directo desde Paraguay a
San Juan. Para estos aterrizajes en pistas clandestinas, los pilotos estaban
seguros de concretar bien la maniobra porque contaban con los elementos
necesarios, entre ellos, mapas con todos los detalles. Pero tenían cierto temor
al efectuar los descensos en San Juan y el motivo lo hicieron conocer cuando el
caso de Guayaguás. El piloto García, luego del procedimiento y de comprobar que
efectivamente se trataba de policías, tuvo una expresión de alivio.
“Menos
mal que ustedes eran policías”
Ya con más calma, contó que conocía casos en que tras el aterrizaje caían en
manos de gente extraña. Tenían conocimientos de descensos en lugares como el de
Guayaguás, donde tras reducir a los ocupantes del aparato se apoderaban de la
mercadería. Dijo saber que en San Juan ya había ocurrido un hecho, en el cual
el operativo habría sido capitaneado por un comisario en actividad.
Antes que las autoridades policiales arribaran a Guayaguás, García y De Olivera
llamaron al oficial Rodríguez para proponerle hacerle entrega del dinero que
llevaban consigo y también la mercadería a cambio de ser liberados.
Se trataba de una jugosa suma, con lo cual solucionaba la situación económica
de todos los integrantes de la patrulla.
“Además, ustedes trasladan los
cigarrillos a los comerciantes cuya lista les entregamos y reciben también el
pago, con lo cual aumente la otra cifra”, dijo De Olivera.
Enseguida agregó: “Si no están conforme,
yo me comprometo a mandarles un giro desde Paraguay y les aseguro que lo
cumplo”.
Ninguna de las ofertas dio resultado, ya
que los detenidos fueron alojados posteriormente en la alcaldía, a disposición
del juez Gerarduzzi.
ESCAPE
EN HELICÓPTERO
Después de haber permanecido en los
calabozos de la Brigada de Investigaciones, el piloto del avión que fue
detenido en Pampa del Gigantillo, Guayaguás, Artheio García, fue alojado en la
alcaldía de varones, ubicada en el antiguo penal de Chimbas. También quedó
recluido en el mismo establecimiento el otro detenido, Dilemando Mario de
Olivera, en tanto eran instruidas las actuaciones sumariales.
García nació el 21 de agosto de 1922 en
Argentina. Fijaba su domicilio en Pehuajó 898, Castelar, provincia de Buenos
Aires. Durante varios años trabajó como piloto de Aerolíneas Argentinas, desde
donde, según comentario, fue dado de baja al comprobársele ciertas
irregularidades en su función.
Después fue contratado para realizar tareas ilícitas, entre ellas la de
contrabando aéreo. Lo secundaba como copiloto y mecánico Dilemando Mario de
Olivera, de nacionalidad brasileña, con domicilio en calle Y Nº954, Asunción,
Paraguay.
Los dos detenidos, mientras permanecían
alojados en la alcaldía a la espera de la sentencia, demostraron buena conducta
y mantenían continuos diálogos con el personal de guardia. Durante los dos
meses de internos, García recibía la visita, según dijo, de su esposa.
El día 1 de enero de 1968, en horas de la mañana llegó al penal la misma mujer
y anunció a la guardia que regresaría en horas de la noche para traer una cena
especial y saludar al esposo por tratarse de fin de año.
Alrededor de las 21, aquella se hizo
presente con un paquete de comida.
Solicitó al encargado del
establecimiento que le permitiera conversar con su esposo. El pedido fue
accedido y ambos se reunieron en las adyacencias del portón de entrada. Habrían
pasado unos minutos cuando la guardia advirtió la desaparición del detenido y
de su esposa.
Luego se estableció que ambos habían
ascendido a un automóvil y se alejaron velozmente del lugar.
La novedad de la fuga fue puesta en
conocimiento del Comando y de Investigaciones, iniciándose enseguida una
intensa búsqueda por toda la provincia sin tener noticias a pesar de haberse
alertado al personal de controles limítrofes. Fueron realizados varios
allanamientos en distintos domicilios y en el de uno de los que participaron,
como dueño del rodado, secuestrado tras la caída del avión, fueron halladas dos
valijas con ropas de mujer y hombre y que luego se supo pertenecían a García y
a su mujer.
Tras las diligencias posteriores sobre
la búsqueda del detenido prófugo, se tuvo conocimiento, por comentarios de un
habitante de La Bebida, que esa misma noche de la fuga había descendido un
helicóptero en un descampado de esa zona al que habrían ascendido un hombre y
una mujer. Se supone que se trataban de Artheio García y su esposa.
El oficial encargado de la alcaldía que otorgó permiso al preso para salir al
exterior del recinto, fue arrestado, sumariado y exonerado.
Por su parte, Dilemando Mario De Olivera
continuó alojado en la misma dependencia hasta el día 11 de junio de 1969, que
recuperó la libertad condicional.
FELICITACIONES
El jefe de Policía, coronel R.E. Adolfo
E. Díaz, ordenó hacer público, dentro de la esfera oficial, el cumplimiento exitoso
de la patrulla para conseguir detener a los autores del contrabando, el rescate
del avión y de mercaderías.
Para ello dictó la siguiente resolución en la orden del día de la repartición: Resolución.
“Felicitar al personal de la Policía de San Juan, oficial Ramón W. Navarro,
oficial subayudante José Hilario Rodríguez, cabo Oliden Brizuela, agente
Silvestre Aguado, con situación de revista en la Dirección de Coordinación, y
el oficial Pablo César Cepeda y sargento José Zenón Maza, de Comunicaciones, por
la brillante actuación que les cupo en el procedimiento de mención, que sin
medir el peligro que suponía la detención del avión cargado con contrabando
valioso, en ningún instante midieron el riesgo a que se exponían, actuando con
arrojo y valentía, frustrando así la acción delictiva de la banda de
delincuentes, hecho que revela una vez más el alto espíritu de honradez, valor
y contracción al trabajo, cualidades de las que todo policía debe estar munido,
actuación que la prensa en general se ha hecho eco, poniendo de relieve la
magnitud del procedimiento llevado a cabo por la Policía de San Juan”.
MUERTE
EN EL DESIERTO
Un
policía que custodiaba el avión, se perdió en el campo y murió por deshidratación.
El juez general a cargo de la causa,
doctor Mario Gerarduzzi, dispuso que la mercancía secuestrada fuera trasladada
al edificio de la Aduana Nacional, mientras eran instruidas las actuaciones
sumariales. El avión quedó en el mismo lugar del suceso con la custodia de dos
agentes de la seccional de 9 de Julio. Como se trataba de un lugar alejado de
toda población, los relevos se cumplían semanalmente y durante ese término eran
abastecidos con víveres y agua.
Uno de esos custodias fue el agente
Julio Cayetano González, quien contaba con 26 años de edad, casado y con dos
hijos.
En aquel entonces se domiciliaba con sus padres en Concepción pero cumplía
funciones en la comisaría de 9 de Julio. El 23 de febrero de 1970, antes de
cumplirse los tres años del secuestro del bimotor, González decidió alejarse
del aparato, quizás con la intención de caminar por las adyacencias del
campamento.
Se supone, según las evidencias, que el
agente se habría desorientado y perdió el rumbo, pues se comprobó posteriormente
la existencia de rastros que iban en círculo y por costados de la base. Al
llegar la noche sin haber aparecido, el compañero de consigna informó la
novedad a las autoridades. De acuerdo a comentarios, el citado agente habría
desertado ante el conocimiento de tener intención de ingresar a la Policía
Federal y además por existir cierta diferencia familiar. Esta suposición hizo
que demoraran la búsqueda.
Al transcurrir dos días y no tener
noticias sobre el paradero del desaparecido, un hermano de éste, Sixto
González, se entrevistó con el jefe de Policía y solicitó urgente apoyo para
iniciar la búsqueda.
Al tercer día salió una comisión
integrada por policías, vecinos de Las Chacritas, familiares y baqueanos de la
zona. También fue pedida la colaboración a la Brigada Aérea de Mendoza, de
donde partió un helicóptero.
El operativo se inició alrededor de las 6 de la mañana. Cuatro horas después,
el grupo que integraba Sixto González, encontró el cuerpo sin vida del agente
perdido.
Estaba casi de costado, con el arma en
las manos. Se dijo que había fallecido hacía pocas horas, por deshidratación.
Tenía las ropas desgarradas debido al
roce con arbustos espinudos y los zapatos prácticamente rotos.
La pistola reglamentaria tenía el
cargador vacío, al igual que el de repuesto, lo que permite suponer que había
efectuado disparos para llamar la atención del compañero o de algún furtivo
cazador.
El hallazgo se produjo el día 27 de febrero de ese año.
En el lugar donde fue hallado González,
los familiares y amigos levantaron una antena y la cercaron.
Actualmente, de vez en cuando alguien de la zona coloca allí unas flores o un
envase con agua.
Tiempo después, la jefatura de Policía
dispuso que a la subcomisaria del barrio Comandante Cabot se la denominara
“Agente Julio C. González”, como homenaje al que murió en acto de servicio.
La esposa de González y sus dos hijos, ya casados, vivían en la ruta
20, en Las Chacritas.
TIEMPOS
DE MUCHO TRABAJO PARA LA JUSTICIA FEDERAL
El lapso comprendido entre los años 1965
a 1968, fue de intenso trajinar de contrabandistas aéreos en nuestra provincia.
Los aterrizajes se realizaban siempre en las pistas clandestinas sobre terrenos
naturales, las que en su mayoría figuraban inscriptas en mapas confeccionados
en Paraguay.
En este quehacer delictivo figura un solo caso no esclarecido y fue el descenso
de un avión Popper en la ruta 20, cerca de Mascasín, que no fue interceptado.
Durante ese término, se desempeñó como
juez federal titular en San Juan el doctor Mario Gerarduzzi. Como tal, tuvo que
indagar a todos los contrabandistas detenidos y participar en los distintos
operativos.
Dirigió investigaciones en los sucesos dudosos, siempre con fructíferos
resultados. Existe el caso del avión tipo bombardero que aterrizó en un campo
de Angaco al norte, cerca del cerro Morado. En ese lugar los ocupantes del
aparato dejaron la mercadería y levantaron vuelo.
El juez supo que se trataba de un avión
Michel y en el país había solamente dos. Las diligencias realizadas luego
permitieron establecer que ese avión era de la provincia de Buenos Aires y
estaba a cargo del piloto Decumier, quien fue localizado y detenido,
secuestrándose el aparato.
Después fueron arrestados otros dos individuos. Todos ellos fueron trasladados
a San Juan para ser procesados y posteriormente a Mendoza, porque habían sido
autores allí de otro hecho similar.
OTROS
HECHOS
El doctor Gerarduzzi también investigó
la caída de un avión Pipper en el campo de Ampacama, jurisdicción de Albardón.
Este aparato procedía del Paraguay, cargado con cigarrillos importados y
botellas de licor. El piloto Oyola, al parecer, desconocía ese sector del
campo, muy irregular, y en el aterrizaje chocó contra montículos de ripio para
quedar la nave incendiada y destrozada. Tanto el piloto Oyola como su
acompañante, Jantus, perecieron en el acto. Las cajas de cigarrillo quedaron
esparcidas, al igual que las otras mercancías. Un reloj de oro fue encontrado
lejos entre unos arbustos. Cuatro o cinco días después del accidente, recién un
arriero encontró los cuerpos sin vida de los ocupantes.
Meses después de este último hecho, se
produjo el procedimiento en Guayaguás, donde fueron capturados los dos
ocupantes del avión, que fue secuestrado junto con mercadería de contrabando.
El juez que intervino en esta causa también fue el doctor Mario Gerarduzzi,
quien dispuso el traslado de todo lo secuestrado para ser depositado en la
Aduana Nacional y los detenidos quedaron internados en la alcaldía de varones.
Posteriormente, efectivos de la Décima
Agrupación de Gendarmería se encargaron de controlar y vigilar las distintas
pistas clandestinas.
FALSA
ALARMA
En los distintos contrabandos aéreos
registrados en nuestra provincia que fueron descubiertos, a la Aduana Nacional
le cupo una importante intervención por ser organismo control de toda
mercadería ingresada ilegalmente al área local.
Al frente de esta repartición se encontraba, en aquel entonces, como
administrador, el señor Carlos Arce, quien tuvo que ser receptor del
contrabando secuestrado del avión abatido en Guayaguás y del Pipper precipitado
en el campo de Ampacama, como también en otros procedimientos. Estos se
cumplían con la colaboración de Gendarmería y de la Policía Federal, cuyo
personal se encargaba de instruir las actuaciones de las respectivas causas.
El 27 de noviembre de 1990, tras el
aterrizaje de un avión de carga Arrow Air, en el aeropuerto Las Chacritas, con
equipos electrónicos, repuestos y motos, se produjo un confuso procedimiento
realizado por la Policía Federal.
En esa ocasión, varios camiones fleteros transportaban la mercadería desde el
aeropuerto con destino a la firma SYSTERCORP, ubicada en calle Sarmiento, en
Rivadavia.
En esos momentos se dijo que toda la carga, procedente de Miami, era ilegal y
estaba encuadrada en los términos de contrabando.
Lo extraño de este procedimiento fue que
toda la carga había sido recibida en el aeropuerto por personal de la Aduana
Nacional, encontrándose al frente el propio jefe, señor Carlos Arce, quien dio
el visto bueno a toda la existencia. Los camiones con la carga fueron
secuestrados y tanto los conductores como los acompañantes fueron detenidos y
alojados en la Policía Federal, a pesar de reiterados reclamos del funcionario
aduanero, aclarando que toda se encontraba en regla.
Se tenía conocimiento de que no era la
primera vez que un avión con carga de electrónicos aterrizaba en Las Chacritas.
También descendieron naves similares en el aeródromo de Pocito y en ninguna de
esas oportunidades hubo procedimiento policial, pero sí el control de la aduana
local.
Un día el señor Arce se enteró de que efectivos de la policía
provincial se aprestaban a proceder a la incautación de la mercadería de uno de
esos aviones de carga. El funcionario les previno que se iba a cometer un error
debido a la legalidad de todo lo trasportado. Al mismo tiempo aclaró que los
electrónicos eran destinados a fábricas recientemente instaladas en San Juan y
que al frente de los establecimientos se encontraban altos jefes militares en
actividad.
Estos mismos fundamentos se les hicieron
conocer a los encargados del procedimiento realizado en la ruta 20, cuando los
camiones circulaban por ese camino hacia Rivadavia.
Sin embargo, todo esfuerzo resultó estéril ya que un tercio de la carga quedó
en depósito en el edificio de la Policía Federal, al igual que los detenidos,
mientras que el resto fue trasladado
hasta Gendarmería Nacional.
Así lo dispuso el juez doctor Julio
Correa, a cargo de la causa.
Dos días después arribaron a San Juan
directivos de la firma aérea en Buenos Aires y se entrevistaron con autoridades
de la Policía Federal y con el juez Correa.
Ese mismo día fueron puestos en libertad todos los detenidos y se permitió que
el avión de carga, que había quedado retenido en el aeropuerto Las Chacritas,
levantara vuelo para regresar a su destino.
Toda la mercadería fue devuelta a sus propietarios. Se dijo en ese entonces que
el procedimiento había sido apresurado y que no se habría detectado
irregularidad alguna.
Se estableció posteriormente que la carga
fue importada por tres empresas que con habitualidad venían realizando
operaciones de comercio internacional a través de la delegación local de la
Aduana local. Sin embargo, toda aclaración y pedidos de disculpa a los
damnificados no satisfizo a ninguno de ellos y enseguida dispusieron levantar
las fábricas ya instaladas.
“TODO
ERA LEGAL”
Según declaraciones del ex jefe de la
Aduana de San Juan, señor Carlos Arce, siempre hubo coordinación entre ese
organismo, la Policía Federal y Gendarmería, para evitar el contrabando de
mercaderías mediante un minucioso control.
Pero en la mayoría de estos hechos ocurridos en nuestra provincia, fue la
policía local la que se encargó primeramente de la investigación, como también
del secuestro de la mercadería ilegal y arresto de los responsables. Luego las
actuaciones eran derivadas a la autoridad federal.
Después de estos procedimientos, tanto
en San Juan como en otras provincias, se realizó una reunión de administradores
de Aduana en Buenos Aires. En esa ocasión se resolvió convertir dichas oficinas
en oferentes de servicios aéreos, como así también estrechar vínculos con el
público, pues hasta entonces el personal aduanero era criticado por su energía,
en especial los destacados en los controles limítrofes.
En el mes de octubre de 1990, el jefe de
la Aduana local ya había conseguido mantener contacto con dependencias
similares de otros países para el transporte legal de mercaderías. Para eso se
utilizaban aviones de carga que salían de Argentina y eran ocupados al regreso.
De ahí que en el aeropuerto de San Juan
descendían naves varias veces a la semana y en el mes, trayendo toda clase de
mercadería contratada para varias fábricas.
Por convenio entre distintos países,
cada avión que transitaba desde su procedencia hasta el final del destino,
debía mantener comunicación sobre su vuelo.
En cada aeropuerto que descendían para abastecerse de combustible, la Aduana
realizaba un control de la carga. Este mismo procedimiento se cumplía con los
aviones que provenían de Miami a San Juan conduciendo equipos electrónicos y
repuestos.
Los jefes militares propietarios de esas
fábricas habían gestionado ante el intendente de Santa Lucía para que cediera en
concesión un amplio terreno en el departamento, donde serían construidos
galpones y otras dependencias aptas para guardar mercadería de distinto tipo
para ser exportadas, especialmente frutas y hortalizas.
Tras el procedimiento realizado en la ruta 20, cuando fueron interceptados los
camiones con equipos electrónicos, los responsables de tales diligenciamientos
resolvieron desistir y levantaron las instalaciones.
Lo mismo ocurrió con el establecimiento
SAISA, ubicado en calle Salta, Concepción. Ese edificio fue adquirido con el
propósito de utilizarlo como depósito y fueron abonadas dos cuotas. De nada
sirvieron estas gestiones porque se resolvió no proseguir con el negocio. En
cada de estas empresas, por lo menos iban a ser utilizados de 50 a 60
operarios.
La provincia también resultó
perjudicada, al dejar de percibir impuestos y el rédito de otros gastos.
Croquis del campo de Guayaguás donde aterrizaban los contrabandistas.
Posición del bimotor luego de ser derribado a balazos por la policía, cuando los contrabandistas pretendieron levantar vuelo tras ser sorprendidos en Pampa del Gigantillo, Guayaguás. Al costado se observa el camión y el otro vehículo de los intermediarios.
Todos los miembros de la patrulla a cargo del operativo, junto con el cronista de esta nota, Alejandro Sánchez, observan los daños del bimotor. Los policías mantienen aún las armas utilizadas en el suceso.
Artheio García, tenía residencia en Castelar, provincia de Buenos Aires, era el piloto del avión.
Dilemando Mario de Olivera, mecánico, era paraguayo.
El jefe de Policía, coronel R.E. Adolfo E. Díaz, en el mismo lugar del acontecimiento, felicitó a los integrantes del grupo que intervino en el operativo. A la derecha se observa el cargamento de contrabando consistente en cajas de cigarrillos.
Julio
Cayetano González, el policía fallecido en Guayaguás.
Policías
y baqueanos recorrieron la zona de Guayaguás en busca del agente Julio Cateyano
González, extraviado en el campo donde luego fue hallado muerto.
En
campos de Ampakama se precipitó el avión Pipper piloteado por Oyola, que
pereció al igual que su copiloto Jantus. Se observa el aparato totalmente
destrozado.
Mario Gerarduzzi, juez que indagó a los contrabandistas y participó en distintos operativos.