El 23 de diciembre de 1986 se sanciona la Ley de Punto Final para el juzgamiento a militares. Estableció la caducidad de la acción penal contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido delitos durante el gobierno militar que no hubieran sido llamados a declarar "antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley". Fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en el 2005.